El juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió a la Policía de San Juan que constate si en el predio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ubicado en Rivadavia hay menores de edad y en qué condiciones viven, antes de resolver el pedido de desalojo presentado por la casa de altos estudios. La medida alcanza al terreno situado sobre Rastreador Calívar y Costa Canal, antes de Benavídez, donde la universidad denunció una presunta usurpación. Según el expediente, si se verifica la presencia de niños, niñas o adolescentes, deberá intervenir el Ministerio Público de la Defensa para resguardar sus derechos. La decisión judicial fue dictada este miércoles por la mañana, de acuerdo con fuentes judiciales.
Antecedentes del caso
La presentación de la UNSJ se originó hace poco más de dos meses, cuando denunció que personas ocupaban un inmueble de su propiedad y pidió el desalojo. La situación fue difundida a comienzos de agosto, luego de que la universidad certificara mediante escribano que había ocupantes en el lugar. El terreno tiene unos 23.000 metros cuadrados y, aunque gran parte es baldío, también posee estructuras en desuso y en mal estado. En el expediente se indicó que el inmueble pertenece a la universidad al menos desde 1977, según registros oficiales incorporados a la causa.
Qué ordenó el juez
Rago Gallo dispuso que la Policía individualice a los habitantes y a los grupos familiares, y que informe especialmente si residen niños, niñas o adolescentes, con datos sobre identidad, edad y adultos responsables. También pidió que se consigne el estado de las condiciones habitacionales, eventuales situaciones de vulnerabilidad y riesgos ostensibles. En caso de constatarse la presencia de menores, el resultado deberá comunicarse al Ministerio Público de la Defensa para su intervención en el proceso. La resolución se apoya en la necesidad de resguardar derechos constitucionales antes de avanzar con una medida de desalojo.
Estado del inmueble
La universidad informó en su relevamiento preliminar que las construcciones existentes están en mal estado y “a punto de colapsar”, por lo que la Dirección General de Construcciones Universitarias recomendó la demolición total. En el expediente también se consignó que el ingreso por Rastreador Calívar presenta un portón con ropa tendida y signos de ocupación, además de la presunta existencia de un lavadero. La UNSJ había señalado que tomó conocimiento de la situación a partir de denuncias de vecinos de la zona, que manifestaron preocupación por los problemas atribuidos a quienes habitarían el lugar. La constatación policial deberá confirmar o descartar esos extremos antes de que el juzgado defina el pedido principal.
Próximos pasos
La causa quedó radicada en el fuero federal porque el inmueble pertenece al Estado Nacional a través de la UNSJ. En el expediente se sostuvo que la ocupación configura una “intrusión ilegítima” sobre bienes de una entidad nacional y afecta el derecho de propiedad, la posesión y el cumplimiento de los fines institucionales de la universidad. Con la acreditación dominial ya incorporada, el avance inmediato depende de la constatación policial ordenada por el juez. Recién después de ese informe podrá resolverse si corresponde avanzar con el desalojo y con qué medidas de protección, en caso de haber menores en el lugar.
