La continuidad de los paros docentes en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevó a padres autoconvocados de los institutos preuniversitarios a evaluar una presentación judicial para resguardar el derecho a la educación de sus hijos. El abogado Mariano Domínguez, junto al doctor Saavedra, asumió la representación de ese grupo y confirmó que analizan distintas vías legales. La eventual acción se vincula con el impacto acumulado de las medidas de fuerza sobre el dictado de clases.
Evaluación judicial Domínguez explicó en diálogo con radio Mil20 que el objetivo es buscar una respuesta que permita recomponer la situación de los alumnos. “Estamos actualmente evaluando las distintas vías legales para avanzar y buscar de alguna manera que un poco se recomponga la situación y se vean amparados los derechos de los alumnos”, señaló. Según planteó, el conflicto involucra derechos de rango constitucional y obliga a ponderar el reclamo docente con el interés superior del niño.
El abogado sostuvo que los docentes tienen derecho a manifestarse y reclamar por sus condiciones laborales y salariales, pero afirmó que ese ejercicio no es absoluto. “Si bien es legítimo el reclamo de los docentes, está llegando a un límite que afecta al derecho de los niños y pone en peligro su educación”, expresó. En esa línea, consideró que la situación alcanzó un punto en el que el reclamo comienza a afectar de manera directa a los estudiantes de los institutos preuniversitarios.
Amparo federal Al tratarse de una universidad nacional, cualquier presentación deberá tramitar ante la Justicia Federal. Entre las alternativas en estudio aparece el recurso de amparo, una vía judicial destinada a obtener una protección rápida frente a la vulneración de derechos. Domínguez indicó que esa herramienta es “quizá una de las más conocidas y probablemente una de las más veloces también en cuanto a la búsqueda del resguardo rápido”, aunque aclaró que todavía no definieron la estrategia final.
Uno de los argumentos centrales de las familias es la cantidad de jornadas escolares afectadas por las medidas de fuerza. Domínguez reconoció que durante este año los estudiantes pasaron “muchos días, semanas” sin clases y sostuvo que el conflicto fue “mucho más profundo y mucho más complicado que el año pasado”. Para los padres, el límite se ubica cuando la continuidad de las medidas compromete de manera significativa el derecho a la educación.
Diálogo agotado El abogado también señaló que hubo intentos previos de acercamiento con las autoridades universitarias, pero que no dieron resultado. “Hemos tomado noticia de muchos intentos por parte de los padres de avanzar con diálogo que no han dado buenos frutos y por eso llegan a buscar nuestra representación”, indicó. Añadió que, en el estado actual del conflicto, esas instancias estarían agotadas, aunque podrían retomarse más adelante. La definición sobre una eventual presentación dependerá de la evaluación legal que continúan realizando los representantes de las familias.
