Más de 100 centros médicos, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron las prestaciones programadas para afiliados de PAMI durante 48 horas, entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto. La medida fue dispuesta por consenso unánime en la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social, según informaron sus autoridades. El motivo expuesto es la falta de cobro y el retraso en la liquidación de cápitas, es decir, los montos fijos que la obra social gira por afiliado. Durante el cese se mantendrá la atención de urgencias con riesgo de vida, clasificadas como código rojo en guardia.
Alcance del reclamo La cámara explicó que las cirugías diferidas, los estudios de diagnóstico, los tratamientos ambulatorios y las consultas especializadas quedarán suspendidos mientras dure la medida. También señaló que los giros de aranceles registran demoras prolongadas y descalces frente al aumento de costos médicos, medicamentos e insumos de hospitalización. Según la entidad, una transferencia parcial concretada a comienzos de semana no alcanza para cubrir el rojo operativo acumulado. La protesta impacta sobre la red de atención de jubilados y pensionados en cuatro provincias con fuerte presencia de prestadores privados.
Brecha arancelaria Los reportes del sector médico privado indican que la inflación acumulada desde fines de 2023 hasta mediados de 2026 superó el 240%, mientras que los incrementos otorgados por PAMI alcanzaron el 110%. Sobre esa base, el sector calcula una brecha superior al 70% en el valor real de los servicios prestados. Ante ese desequilibrio, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó transferencias extraordinarias mediante Letras del Tesoro para regularizar deudas existentes. La referencia oficial a ese mecanismo no modifica, según lo planteado por los prestadores, el problema de fondo vinculado con la actualización arancelaria.
Impacto operativo En agosto, la representación gremial de la Sanidad realizó medidas de fuerza que se extendieron por 11 días consecutivos por el pago incompleto de aguinaldos y sueldos. La combinación de esos paros, la falta de insumos médicos y las demoras en los pagos redujo la operatividad activa de los establecimientos privados a entre el 50% y el 75% durante el último mes, de acuerdo con el sector. Esa situación agrega presión sobre la capacidad de respuesta de clínicas y sanatorios que trabajan con cobertura de la seguridad social. En paralelo, la continuidad de urgencias busca evitar la interrupción total de la atención de mayor complejidad.
Antecedentes y próximos pasos La medida en el centro y Cuyo replica una acción similar realizada recientemente por prestadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Los representantes del sector advirtieron que, sin un plan sistemático de recomposición arancelaria y puntualidad en los pagos, el sostenimiento operativo del sistema de salud para jubilados ingresa en una etapa de máxima vulnerabilidad. En ese marco, los puntos a seguir son el cronograma de pagos de cápitas de PAMI para septiembre, la evolución de las negociaciones entre la cámara de prestadores y la obra social, y la eventual definición de nuevas medidas de fuerza gremiales en sanidad.
