San Juan comenzó a transitar una nueva etapa en materia de Justicia Penal Juvenil con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece cambios en el régimen aplicable a los adolescentes que cometen delitos. Sin embargo, la implementación de la normativa expone una dificultad concreta para la provincia: actualmente no existe un lugar específico donde alojar a los menores de edad que sean detenidos por hechos graves.
La fiscal de Niñez y Adolescencia, Paula Carena, explicó en diálogo con Radio Mil20 que esta situación representa uno de los principales desafíos que deberá afrontar el sistema. En aquellos casos en los que, por la gravedad del delito y el cumplimiento de determinados requisitos, se solicite una prisión preventiva, el adolescente no puede ser trasladado a un establecimiento destinado a personas adultas.
“En San Juan no tenemos un lugar donde alojar a los menores”, explicó Carena al referirse a la situación actual y a las dificultades que plantea la aplicación de la nueva normativa.
La funcionaria remarcó que los adolescentes deben permanecer bajo un régimen diferente al de los adultos y que el Estado debe garantizar un espacio adecuado para su alojamiento, de acuerdo con las normas constitucionales y los tratados internacionales que protegen los derechos de niños y adolescentes.
La problemática adquiere mayor relevancia a partir del nuevo régimen, ya que la legislación contempla la responsabilidad penal de adolescentes desde los 14 años cuando cometen hechos considerados delitos. De esta manera, la Justicia deberá contar con las herramientas necesarias no solo para investigar los casos, sino también para disponer las medidas que correspondan cuando se trate de hechos de gravedad.
En San Juan, además, el sistema presenta una particularidad. Mientras la Justicia Penal de adultos funciona bajo un sistema acusatorio, con las Unidades Fiscales de Investigación al frente de las investigaciones, el régimen penal juvenil continúa funcionando bajo un esquema diferente.
Carena explicó que, en estos casos, el fiscal de Niñez y Adolescencia debe solicitar al juez las medidas necesarias para avanzar con la investigación. “El sistema de menores no es acusatorio”, señaló, por lo que el magistrado tiene un rol central en el desarrollo de las actuaciones.
La situación también quedó expuesta a partir del reciente caso ocurrido en Chimbas, donde un adolescente quedó involucrado en una investigación por un homicidio. El expediente que inicialmente estaba en manos del fiscal Roberto Gimbert debe pasar al ámbito de la Justicia de Menores, donde el juez será quien continúe con la investigación bajo las reglas correspondientes al sistema juvenil.
En este tipo de procedimientos también debe realizarse una evaluación de la situación particular del adolescente, teniendo en cuenta su contexto y grado de vulnerabilidad, además de las circunstancias específicas del hecho investigado.
Otro de los cambios que explicó Carena está relacionado con los menores de 14 años. Cuando un niño de esa edad queda involucrado en un hecho que podría constituir un delito, la Policía debe comunicar la situación directamente al juez, quien determina cómo proceder. En los casos vinculados con delitos contra la integridad sexual, existen además protocolos específicos.
La entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil plantea así un escenario nuevo para San Juan. Mientras la Justicia comienza a adaptar sus procedimientos al nuevo régimen, queda pendiente resolver una cuestión concreta: la provincia necesita contar con un espacio adecuado y específico para alojar a los adolescentes que, por la gravedad de los delitos investigados, deban permanecer privados de su libertad, sin ser enviados a establecimientos destinados a adultos.
