El crecimiento de los proyectos mineros en San Juan abrió una preocupación en el mercado de alquileres: la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos advirtió que la mayor demanda de viviendas por parte de empresas del sector puede presionar los precios y acortar los plazos contractuales.
Víctor Bazán, presidente de la entidad, sostuvo que la derogación de la Ley de Alquileres mediante el Decreto 70/23 dejó a los inquilinos con menos protección. Según dijo, las nuevas reglas llevan a que el locatario “acepte condiciones que son una locura”, en un escenario donde la oferta disponible queda más expuesta a la demanda vinculada a la actividad minera.
El dirigente afirmó que registraron contratos por menos de un año y lo atribuyó a una especulación del sector ante el aumento de la demanda. Como ejemplo, señaló que hoy se alquila en 500.000 pesos y que, en seis meses, el valor podría subir a un millón de pesos, motivo por el cual —según su planteo— los propietarios evitan acuerdos de largo plazo.
Media sanción en el Senado
A esa preocupación se suma el proyecto de “desalojo exprés”, que ya obtuvo media sanción en el Senado y todavía no avanzó en Diputados. Bazán planteó que, si el Congreso aprueba esa iniciativa, será más sencillo desalojar a inquilinos de viviendas que podrían destinarse al sector minero a valores más altos. En ese marco, también cuestionó que, con contratos de seis meses, vuelva a cobrarse la comisión inmobiliaria.
Las definiciones se expusieron en un encuentro nacional de inquilinos realizado el jueves 24 de septiembre, con referentes de distintas provincias. La organización prevé una nueva reunión el próximo mes para definir acciones frente al tratamiento legislativo del desalojo exprés y, en San Juan, impulsa que la comisión inmobiliaria quede a cargo de los propietarios.
