El tratamiento del convenio entre el Gobierno de San Juan y la empresa Vicuña avanzó en la Cámara de Diputados provincial con el rechazo anunciado del Bloque Justicialista. Juan Carlos Quiroga Moyano, titular del Partido Justicialista y presidente de esa bancada, cuestionó la diferencia entre el tiempo que tuvo el Ejecutivo para negociar y el plazo otorgado a los legisladores para revisar la documentación. Según planteó en conferencia de prensa durante la sesión, el Gobierno provincial dispuso de un año y medio para el proyecto, mientras que los diputados recibieron los antecedentes con apenas cinco días de antelación a la votación.
Inversión y alcance territorial El acuerdo establece una contribución de US$250 millones por parte de Vicuña, destinados a obras de infraestructura estratégica en la provincia, de acuerdo con la fuente oficial. El eje de la objeción justicialista no se concentró en ese monto sino en las condiciones del entendimiento y en su alcance territorial. Quiroga Moyano sostuvo que persisten dudas que no podrían ser modificadas una vez aprobado el convenio. En ese marco, señaló que el texto alcanza un radio de 75 kilómetros desde los límites del emprendimiento, con reglas específicas para futuros depósitos o iniciativas vinculadas a la empresa.
Facultades de control El presidente del bloque justicialista planteó reparos sobre las facultades de control que conservaría la Provincia sobre el proyecto. Esa cláusula ya había sido objetada en reuniones previas entre diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo, según surge del propio debate legislativo. La discusión se centra en el margen de intervención estatal frente a eventuales desarrollos dentro del área prevista por el convenio. En términos institucionales, el punto relevante es si la Provincia mantiene capacidad suficiente para fiscalizar decisiones posteriores sin alterar lo ya pactado.
Posiciones internas Quiroga Moyano también vinculó la discusión con la representación territorial de algunos legisladores justicialistas. Mencionó a diputados de Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y Albardón, al señalar que en esas zonas la minería se relaciona con obras estratégicas previstas en el acuerdo. En paralelo, el dirigente formuló una definición política sobre el alcance institucional del texto al afirmar: "Estamos creando un Estado dentro de otro Estado, dentro de San Juan". La frase condensó la objeción del bloque sobre soberanía provincial y control administrativo, aunque no modificó la instancia de tratamiento parlamentario.
Próximos pasos La definición quedó en manos de la votación en la Cámara de Diputados provincial y de la posición final de los legisladores justicialistas de las zonas mineras mencionadas. También seguirá en debate el alcance del radio de 75 kilómetros y la interpretación de las facultades de control provincial incluidas en el convenio. El dato a seguir es si el texto obtiene respaldo legislativo pese al rechazo formal del bloque opositor.
