Los docentes universitarios realizarán un paro de 48 horas el 27 y 28 de agosto. La medida fue confirmada por la CONADU, que atribuyó la decisión a la falta de recursos y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El reclamo se suma a las acciones gremiales que vienen sosteniendo las federaciones del sector.
El conflicto se vincula con la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Según los gremios, la norma no se está traduciendo en fondos efectivos para el funcionamiento de las universidades. Esa situación, advirtieron, compromete salarios, becas y programas académicos.
Salarios y paritaria
Los sindicatos sostienen que los aumentos otorgados fueron definidos de manera unilateral y sin una negociación paritaria efectiva. También señalaron que desde diciembre de 2023 los haberes perdieron capacidad de compra y que la recomposición es urgente. El impacto, según esa lectura gremial, es mayor en las dedicaciones simples y semi exclusivas, aunque también alcanza a quienes tienen dedicación exclusiva.
Riesgo de fuga de personal
Las organizaciones docentes e investigadoras plantearon además que la brecha salarial con el sector privado y con el exterior está acelerando la salida de profesionales con posgrado. Ese fenómeno, sostienen, afecta la continuidad de equipos de trabajo y la capacidad de sostener actividades de docencia e investigación en el sistema público. La advertencia se inscribe en un escenario de tensión que excede la discusión salarial y alcanza a la organización académica.
Próximos pasos
El paro del 27 y 28 de agosto aparece como una nueva instancia de presión sobre el Gobierno nacional para obtener definiciones sobre financiamiento y salarios. La CONADU y los gremios universitarios mantienen abierto el plan de lucha y condicionan su continuidad a la respuesta oficial. Hasta ahora, el eje del reclamo sigue siendo la ejecución de fondos y la recomposición de los ingresos docentes.
