El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, aclaró un aspecto central del proceso de titularización docente: la cartilla médica podrá completarse en el sector privado y luego ser certificada por la Junta Médica. La definición apunta a descomprimir la demanda sobre los centros públicos de la provincia, en un escenario en el que se estima que cerca de 2.500 docentes deberán cumplir con este requisito.
La aclaración cobra relevancia porque el decreto de titularización, acordado en paritaria con los gremios UDAP, UDA y AMET, establece que quienes aspiren a acceder a los cargos deben presentar, entre otros documentos, certificado de antecedentes, planilla prontuarial y una constancia que acredite buena salud. En la normativa original se mencionaba que la cartilla debía ser emitida por establecimientos sanitarios estatales, lo que abrió interrogantes sobre una posible saturación del sistema público.
En ese contexto, Dobladez sostuvo que los docentes cuentan con obra social y que, por ese motivo, los estudios pueden realizarse en el ámbito privado. Luego, el apto médico quedará en manos de la Junta Médica, organismo que depende de Salud pero cumple funciones vinculadas a Educación. Según explicó el funcionario, la intención es ordenar el procedimiento para evitar un “cuello de botella” en hospitales y centros asistenciales.
La Junta Médica funciona en el mismo edificio de la Obra Social Provincia, sobre calle Agustín Gnecco. Allí se canalizará la certificación final de los estudios, en una instancia que forma parte de la reglamentación todavía en desarrollo. En esa tarea trabajan de manera conjunta las carteras de Salud y Educación, junto con la ministra Silvia Fuentes.
La titularización docente representa una demanda histórica de los gremios y una respuesta pendiente de distintas gestiones provinciales. No implica una mejora salarial, pero sí otorga estabilidad al docente que hoy ocupa un cargo interino, al impedir que pueda ser removido para otras funciones. En términos institucionales, se trata de una medida que busca dar previsibilidad laboral y ordenar la planta docente.
El decreto fue publicado a fines de junio y Educación ya puso en marcha tareas preliminares con la apertura de una oficina específica en el segundo piso del Núcleo 1 del Centro Cívico, donde se atiende de 14 a 18 horas. Por ahora, ese espacio evacúa consultas sobre la documentación necesaria, mientras se define un cronograma para que cada docente sepa cuándo deberá presentarse con su carpeta.
Desde la mirada oficial, la decisión de habilitar estudios en el sector privado también responde a la necesidad de no tensionar el sistema estatal en una provincia donde, en determinadas zonas alejadas, la oferta sanitaria privada es limitada. En esos casos, según señaló Dobladez, deberá intervenir la salud pública.
