La investigación judicial por las presuntas irregularidades vinculadas al Acueducto Gran Tulum avanzó hacia una nueva etapa con la notificación a once personas, entre ellas diez funcionarios o exfuncionarios públicos y un empresario vinculado a la venta de los caños destinados a la obra. La medida fue adoptada por el fiscal, que les indicó que designen abogados defensores. En términos procesales, ese paso antecede a una eventual audiencia de formalización ante un juez de Garantías.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada el 9 de diciembre de 2025 y, según el material disponible, tras más de diez meses de investigación el Ministerio Público Fiscal habría reunido elementos que podrían sostener un pedido de formalización. Esa instancia permite a la Fiscalía exponer los hechos que investiga, identificar a las personas que considera vinculadas y presentar los elementos de prueba que respaldan su planteo. También habilita a la defensa a intervenir desde ese momento en el proceso.
Alcance procesal
La notificación para designar abogado no implica una condena ni determina responsabilidad penal. Según explicó el denunciante, las once personas notificadas serían quienes eventualmente podrían ser formalizadas, aunque la decisión final corresponde al Ministerio Público Fiscal. La medida, sin embargo, marca un avance concreto dentro del expediente y puede derivar en una audiencia ante un juez de Garantías. En esa instancia, la acusación deberá precisar hechos, personas alcanzadas y evidencia reunida durante la investigación.
Eventuales fueros
Consultado sobre la eventual presencia de legisladores nacionales entre los investigados, el denunciante sostuvo que los fueros parlamentarios no impedirían el avance de la investigación ni la realización de una audiencia de formalización. Distinto sería el caso de una detención o de una eventual condena, para lo cual debería seguirse el procedimiento correspondiente de desafuero, según cada situación. Ese punto queda sujeto a la composición final de la nómina y a la decisión que adopte la Fiscalía.
Próximo paso
Por ahora, la definición central está en manos de la Fiscalía, que debe resolver si solicita la formalización y convoca a la audiencia ante un juez de Garantías. Si ese paso se concreta, el expediente quedará expuesto en forma oficial con la descripción de los hechos investigados y de las personas alcanzadas. Hasta entonces, la notificación para designar defensores constituye la principal novedad procesal del caso.
