La Corte suprema cerró sesión sin abordar la excarcelación de Lula

BRASIL

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La crisis agita los ambientes políticos y judiciales, pero no desbordó hasta ahora en las calles ni afectó mayormente la economía.

La defensa de Lula cuestiona directamente al exjuez y actual ministro de Justicia Sergio Moro.

 

La Corte Suprema de Brasil cerró su audiencia de ayer martes sin abordar el pedido de liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a haberlo incluido en su agenda la noche del lunes.
Las más de cuatro horas de debates de la segunda corte del Supremo Tribunal Federal (STF) estuvieron dedicadas a discutir otros asuntos y el recurso del Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción, quedó fuera de la pauta.
Los cinco magistrados del tribunal se retiraron sin indicar cuándo abordarían el tema, aunque llegaron a agendar para el martes 25 de junio el tratamiento de otro recurso presentado por la defensa de Lula, que cuestiona directamente al exjuez y actual ministro de Justicia Sergio Moro.
Los dos casos podrían en consecuencia ser tratados el mismo día, dado que el STF no tiene previsto deliberar la próxima semana.
El debate de este martes fue seguido con particular atención ante el impacto causado por la divulgación de mensajes entre Moro y fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, que podrían implicar una colusión de instancias judiciales para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ganase los comicios presidenciales de 2018.
En el recurso que debía examinarse este martes, los magistrados tenían que decidir si los abogados de Lula tuvieron un amplio derecho a la defensa cuando su condena fue tratada en abril por el STF.
El otro recurso pendiente pide la anulación del proceso por presunta parcialidad del juez Moro, que condenó a Lula en primera instancia, por haber aceptado ser ministro del presidente Jair Bolsonaro cuando este ganó las elecciones en octubre.
El impacto de las revelaciones hechas por The Intercept Brasil se hizo sentir pese a todo en los debates del martes, por ejemplo cuando uno de los magistrados, Gilmar Mendes, afirmó al juzgar otro caso que “un juez no puede ser el jefe del equipo investigación”. El expresidente (2003-2010) siempre se declaró inocente y cuestionó la imparcialidad de Moro y del fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien lo acusó de ser el “cabecilla” de una organización criminal con la que pretendía aferrarse al poder.
Esa postura se vio reconfortada por la bomba informativa lanzada por The Intercept.
Lula se sintió “sorprendido por la rapidez con que la verdad salió a la luz a través de las conversaciones captadas por la prensa y por el elevadísimo grado de promiscuidad entre quien juzga y quien acusa en un mismo proceso, desvirtuando un principio constitucional”, dijo uno de sus abogados, José Roberto Batochio, tras visitar por la mañana a Lula en su prisión de Curitiba (sur).
El STF también decidió este martes agendar otro recurso de Lula para el 25 de junio. En este caso, discutirá directamente la presunta “parcialidad” de Moro por haber aceptado ser ministro del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien derrotó en las elecciones de octubre al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, designado por Lula.
Entre los mensajes publicados por The Intercept destaca una serie de septiembre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a Haddad. La Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de Brasil, fue puesta en jaque tras esas revelaciones.
El Consejo Nacional del Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si los fiscales cometieron una “falta” y la Orden de Abogados de Brasil (OAB) recomendó la separación temporaria de sus funciones de Moro y Dallagnol, hasta que una investigación “imparcial” determine si hubo colusión entre ellos.
Otros juristas pidieron en la prensa la renuncia de Moro, uno de los ministros más prestigiosos del gobierno de Bolsonaro, quien llegó al poder prometiendo mano dura contra la criminalidad y tolerancia cero contra la corrupción.