El gabinete energético de Paraguay intenta acelerar las gestiones para capitalizar el potencial de Vaca Muerta y destrabar uno de los proyectos más sensibles de la agenda de Santiago Peña: el Gasoducto Bioceánico. La obra, estimada en unos USD 2.000 millones, se proyecta como una respuesta anticipada al límite de potencia eléctrica que el país podría alcanzar hacia 2032.
El plan trinacional prevé unos 1.050 kilómetros de ductos para vincular los yacimientos de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, con los estados brasileños de Mato Grosso del Sur y San Pablo, atravesando el Chaco paraguayo. El trazado en estudio incluye zonas como Médanos del Chaco, un área protegida donde funciona un parque nacional, lo que obligaría a revisar la legislación vigente.
Más allá de la función de tránsito para el gas argentino, la estrategia oficial apunta a que esta infraestructura genere condiciones para atraer capital privado a la exploración, prospección y eventual explotación de hidrocarburos en territorio chaqueño. El objetivo es que el proyecto no quede limitado al transporte, sino que habilite una nueva etapa de desarrollo energético con proyección regional.
El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, admitió que la variable decisiva para destrabar inversiones es la demanda que Paraguay logre mostrar. Sin un mercado asegurado, sostuvo, resulta difícil que el sector privado asuma el riesgo de explorar y certificar reservas potenciales.
En paralelo, Santiago Peña y la Mesa Energética Nacional trabajan en la adecuación del marco legal y en la construcción de un nuevo modelo de negocios. En ese proceso, el Gobierno consiguió una inversión no reembolsable de USD 150.000 de la CAF para avanzar en la reforma regulatoria.
Bejarano también vinculó el contexto internacional con la oportunidad que busca abrir Paraguay. Señaló que, por la guerra, las inversiones en exploración y transporte de hidrocarburos están especialmente valorizadas en el mundo, lo que refuerza la posibilidad de viabilizar el gas natural en el país.
La semana pasada, Peña convocó a la Mesa Energética para presentar el acuerdo nuclear firmado con EEUU y revisar los proyectos que marcarán la próxima década. En esa agenda, el gasoducto del sur aparece como una obra complementaria del Gasoducto Bioceánico y como otro incentivo para impulsar inversiones en el Chaco.
El Ejecutivo también busca que Petropar encuentre un esquema capaz de volver atractivo al país para los inversores privados. La premisa oficial es que la infraestructura regional funcione como estímulo para explorar el subsuelo paraguayo y certificar reservas.
Según Bejarano, la exploración quedará habilitada por los ductos que el Gobierno impulsa. En esa lógica, el Gasoducto Bioceánico permitiría hacer fluir gas natural desde Vaca Muerta hasta el mercado paulista, pasando por Paraguay, con la posibilidad de una asociación público-privada a futuro.
La apuesta oficial es que el gas barato y abundante de Vaca Muerta sirva como plataforma para nuevos proyectos industriales y de generación eléctrica en Paraguay. A la vez, ese mayor consumo interno podría justificar una exploración más profunda en el Chaco y abrir la posibilidad de que eventuales reservas paraguayas se integren al mercado regional, sobre todo al brasileño.
El frente legislativo también resulta clave. La Mesa Energética Nacional busca modificar el marco legal y ambiental para destrabar la exploración de hidrocarburos en el Chaco, donde se concentra la disputa por los derechos sobre los pozos exploratorios ubicados en Médanos, sede del único pozo con flujo de gas natural registrado hasta ahora.
En síntesis, el Gobierno pretende que el gasoducto y la exploración avancen como piezas complementarias de una misma estrategia. Si el plan prospera, Paraguay podría convertirse en un corredor energético y, al mismo tiempo, en un país con mayor capacidad para sostener su próximo salto industrial o amortiguar un eventual déficit eléctrico antes de que llegue 2032.
