El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto ejecutivo que prohíbe de manera inmediata las apuestas en línea en la mayor economía de América Latina. La decisión se anunció a días de la primera vuelta electoral del 4 de octubre y fue presentada por el Gobierno como una respuesta al endeudamiento familiar y al deterioro de los presupuestos del hogar.
La medida se inscribe en una campaña marcada por una fuerte paridad política. Según las principales encuestas de opinión citadas en el material, Lula aparece en un empate ajustado con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. En ese contexto, el oficialismo apeló a una demanda que, de acuerdo con sondeos recientes, cuenta con respaldo mayoritario: aproximadamente tres cuartas partes de los brasileños apoyan una prohibición total de los juegos de azar virtuales.
Vigencia y trámite legislativo
El decreto entra en vigencia de forma inmediata, pero su validez permanente dependerá de la aprobación del Congreso dentro de un plazo de 120 días. La decisión implica un giro respecto del marco legal que el propio Gobierno había puesto en marcha hace menos de dos años para habilitar el funcionamiento formal de este sector en territorio brasileño. Ese antecedente vuelve a colocar la discusión en el plano regulatorio y abre una instancia legislativa que definirá si la prohibición se consolida o queda sin efecto.
Durante el anuncio, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, sostuvo que la intervención estatal responde a las consecuencias del consumo masivo de estos servicios. “Nos enfrentamos a un problema de salud pública relacionado con las apuestas en línea. Es un problema grave”, afirmó el funcionario, al vincular la medida con la preocupación del Ejecutivo por el desvío de ingresos familiares hacia el juego.
Reacción opositora
La resolución generó una respuesta inmediata en la oposición. En un acto de campaña realizado este viernes en Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión y la calificó de “populista, hipócrita y con motivaciones políticas”. El senador sostuvo que el decreto de Planalto constituye una maniobra proselitista orientada a influir en la preferencia de los votantes a pocos días de la apertura de las urnas. El debate queda ahora atado al tratamiento parlamentario y al impacto que la prohibición pueda tener sobre un sector que había sido legalizado recientemente.
