Victoria Villarruel firmó este viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para trabajadores de la Cámara alta con deudas con distintas entidades crediticias. La medida habilita adelantos excepcionales de haberes a tasa cero para cancelar esas obligaciones. El alcance incluye al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado.
Alcance y destino. El beneficio apunta a deudas contraídas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). También comprende compromisos con bancos públicos y privados, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central, Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC/OPNFC) inscriptos en los registros correspondientes. La norma incluye billeteras virtuales y plataformas de pago que otorguen financiamiento, pero excluye créditos prendarios e hipotecarios.
Condiciones de acceso. El mecanismo consiste en un adelanto excepcional de haberes cuyo destino deberá ser exclusivamente la cancelación total de las obligaciones previamente contraídas. Los trabajadores podrán presentar sus solicitudes hasta el 20 de noviembre. Para acceder al beneficio deberán entregar un certificado o constancia de la entidad acreedora con el capital adeudado, los intereses, la tasa aplicable, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para su cancelación.
El adelanto tendrá una tasa de interés del 0%, por lo que los beneficiarios devolverán únicamente el capital recibido, sin intereses ni costos financieros asociados. La norma fijó además un límite máximo equivalente a tres haberes netos, calculados sobre la liquidación salarial correspondiente a octubre de 2026. En los fundamentos, Villarruel sostuvo que era necesario implementar herramientas para atender situaciones concretas de endeudamiento y aportar previsibilidad y ordenamiento a las obligaciones financieras del personal.
Fundamento económico. Para justificar la decisión, la vicepresidenta tomó como referencia estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre endeudamiento de los hogares. Según el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, a diciembre de ese año 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento, equivalente al 54,7% de la población adulta. El mismo informe indicó que el saldo promedio por deudor alcanzó su nivel más alto desde enero de 2020.
El decreto también citó que en junio de 2026 la irregularidad de las financiaciones destinadas a las familias llegó al 12,8%. A eso se sumó el informe semestral sobre Proveedores No Financieros de Crédito publicado por el BCRA en junio de 2026, que registró una irregularidad del 26,9% en sus carteras durante febrero de ese año. Con esos datos, la conducción del Senado buscó instrumentar una asistencia financiera para empleados con el objetivo de reducir la carga de endeudamiento. La medida queda ahora sujeta a la presentación de solicitudes y a la verificación de la documentación exigida por la norma.
