La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió ayer los resultados de PISA, la evaluación educativa global que mide el rendimiento de más de 760.000 alumnos de 91 países y territorios. En esa edición, Singapur quedó al frente con 535 puntos, seguido por China (527), Taiwán (508), Japón (503) y Corea del Sur (501), mientras Irlanda ocupó el séptimo lugar como único país occidental por encima de los 500 puntos. El resultado vuelve a colocar a la ciudad-Estado en el centro del debate sobre cómo organiza su sistema educativo y cuáles son sus efectos.
Modelo educativo
Singapur sostiene desde su independencia de Malasia en 1965 una estrategia de desarrollo que vinculó la educación con el crecimiento económico. Según el material difundido, el país buscó elevar el nivel de vida de una población que hoy ronda los 6 millones de habitantes y que entonces registraba un alto analfabetismo. En ese esquema, el sistema escolar se organizó sobre una lógica de exigencia alta, bilingüismo y división de alumnos según su nivel académico.
El texto describe además un concepto local de “kiasu”, término del dialecto chino hablado en la isla que significa “miedo a quedarse atrás”. Ese enfoque se expresa en academias que funcionan los siete días de la semana, con una carga horaria intensa y fuerte orientación hacia las ciencias y la tecnología. La combinación de selección académica temprana, disciplina y continuidad pedagógica aparece como uno de los factores asociados al desempeño de Singapur en las pruebas internacionales.
Nuevo marco disciplinario
En paralelo, el Gobierno nacional decidió introducir una modificación de alcance sensible en las escuelas. En mayo de este año aprobó una normativa que habilita a los docentes a aplicar castigos físicos en casos de “faltas graves” y como “último recurso”, con el objetivo declarado de enfrentar el bullying, definido en el propio texto como un problema creciente en las escuelas singapurenses. La medida entrará en vigencia en 2027 y alcanzará a alumnos desde los 9 años.
De acuerdo con la regulación del Ministerio de Educación, “el castigo físico es una opción disciplinaria solo para niños y se emplea como recurso final, estrictamente cuando sea absolutamente necesario”. La norma no se presenta como un mecanismo general de disciplina, sino como una herramienta excepcional dentro del sistema escolar. El cambio abre interrogantes sobre su aplicación concreta, los criterios para definir “faltas graves” y el control institucional sobre su uso.
Antecedentes y debate
La discusión se da en un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que entre el 25% y el 50% de los niños del mundo experimentan castigos corporales en entornos educativos. Según ese organismo, la evidencia muestra que “las consecuencias del castigo corporal a la infancia pueden durar toda la vida y socavar la salud física y mental, la educación, así como el funcionamiento social y laboral”. Esa advertencia coloca la decisión de Singapur en contraste con la evidencia sanitaria internacional citada en el propio material.
La combinación entre un sistema educativo que lidera PISA y una norma que habilita castigos físicos desde la primaria deja planteada una variable central para seguir de cerca: cómo se implementará la regulación a partir de 2027 y qué efectos tendrá sobre la convivencia escolar. También quedará por observar si la medida se mantiene como un recurso excepcional o si abre un cambio más amplio en la política disciplinaria del país.
