Una investigación de la Policía Federal Argentina derivó en la detención de tres personas acusadas de integrar una organización criminal que habría aprovechado la vulnerabilidad económica de terceros para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales destinadas a ocultar y dispersar fondos de presunta procedencia ilegal.
El caso expone una modalidad delictiva que combina captación de personas en situación de necesidad, uso de datos biométricos y posterior circulación de dinero a través de múltiples plataformas financieras. Esa dinámica, según los investigadores, buscaba dificultar el rastreo del origen de los fondos y ampliar el margen de opacidad sobre las operaciones.
El operativo fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y se vincula con una pesquisa iniciada a partir de allanamientos realizados en abril por el Departamento Delitos Fiscales, dependiente de la Dirección General de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización se acercaban a personas con dificultades económicas y les ofrecían dinero a cambio de validaciones biométricas. Con documentación personal, fotografías y otros datos, luego podían abrir cuentas a nombre de esas personas, aunque el control efectivo de los teléfonos, correos, dispositivos y claves quedaba en manos de los sospechosos.
En los hechos, las víctimas aparecían como titulares formales de las cuentas, pero no tenían dominio real sobre los movimientos. Esa distancia entre la apariencia legal y el manejo efectivo de los fondos resulta central para entender la maniobra, ya que permitía canalizar transferencias y redistribuir el dinero sin exponer de inmediato a los responsables.
Según la causa, una vez habilitadas las cuentas, comenzaban a recibir transferencias que luego eran retiradas o derivadas con rapidez hacia otras cuentas y plataformas. El dinero habría circulado por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones vinculadas a supuestos arbitrajes y criptoactivos, en un esquema orientado a separar progresivamente los fondos de su presunto origen.
Los investigadores lograron establecer que una parte del dinero provenía de un casino online que operaba de manera clandestina. La magnitud de las operaciones llamó la atención de la pesquisa: los movimientos financieros vinculados con la organización habrían alcanzado aproximadamente $27.000 millones en apenas unos meses.
Durante el avance de la investigación se identificó a tres sospechosos: dos hombres y una mujer. La hipótesis fiscal señala que ella habría estado a cargo de la captación de personas vulnerables, mientras que los hombres se habrían ocupado de la apertura y administración de las cuentas, además de intervenir en las operaciones financieras posteriores.
Con esos elementos, se identificaron nueve domicilios presuntamente relacionados con la organización en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2, bajo la conducción de la fiscal Betina J. S. de Lacki.
Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en La Plata, Quilmes, La Falda y Mar del Plata, con participación de efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata. Como resultado, los tres sospechosos quedaron detenidos y se secuestró una importante cantidad de elementos de interés para la causa.
Entre los objetos incautados figuran una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis dispositivos Posnet, dos DVR, dos discos rígidos, otros dos dispositivos de almacenamiento extraíbles, $2.787.440 argentinos, US$3.300, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
El hallazgo del arma abrió además una nueva línea judicial: la fiscalía dispuso iniciar una causa por “Tenencia ilegal de arma de guerra”.
La investigación, sin embargo, sigue abierta. Los agentes federales continúan trabajando para determinar la estructura completa de la red, identificar a quienes la dirigían y establecer quiénes resultaban los principales beneficiarios de las maniobras financieras.
Los tres detenidos son argentinos y mayores de edad, y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de “Asociación ilícita”. El expediente apunta ahora a precisar el alcance total de la organización y la responsabilidad individual de cada uno de sus integrantes en una operatoria que, según la pesquisa, utilizaba identidades de personas vulnerables para mover miles de millones de pesos y ocultar fondos presuntamente vinculados con actividades ilegales.
