Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que vive desde hace 13 años en Aspen, permanece detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos tras ser arrestada el 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami. La mujer fue interceptada cuando se disponía a tomar un vuelo de regreso a Colorado, luego de un viaje familiar. La próxima instancia judicial está prevista para el 1 de septiembre.
Según relató su pareja, Cody Kosinski, agentes de civil la rodearon en la puerta de embarque y la pusieron bajo custodia. Pavlovsky fue trasladada primero a un centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida, luego pasó por el Centro de Transición de Broward y finalmente fue enviada al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas, donde continúa detenida. ICE es la sigla de Immigration and Customs Enforcement, la agencia federal de control migratorio y aduanero.
Situación migratoria pendiente Pavlovsky llegó a Estados Unidos con una visa de turista y trabaja como personal trainer en Aspen. Su entorno sostiene que no tiene antecedentes penales y que su situación migratoria quedó pendiente después de un divorcio, sin que el proceso de regularización llegara a completarse. Esa situación explica, según el relato recogido, por qué su permanencia en el país quedó sin resolución formal durante años.
Fianza rechazada Tras la detención, un juez le negó la posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza al considerar que no tenía suficientes vínculos con Estados Unidos y que existía riesgo de fuga. La resolución mantuvo a Pavlovsky bajo custodia mientras avanza el trámite migratorio. La decisión impactó en su entorno, que inició una campaña para reunir fondos destinados a su defensa legal y consiguió cerca de USD 50.000, según se informó desde su círculo cercano.
Antecedentes y consecuencias El caso tomó mayor relevancia porque, al momento de ser detenida, Pavlovsky y Kosinski estaban planeando casarse y comenzar el proceso migratorio correspondiente. De acuerdo con su entorno, la argentina llevaba años sin viajar a su país de origen por temor a que, al regresar a Estados Unidos, no le permitieran volver a ingresar. La definición judicial prevista para el 1 de septiembre será el próximo paso relevante en un expediente que todavía no tiene resolución final.
