Con la implementación de esta medida, el Presidente López Obrador cuenta con 45 días para frenar el flujo migratorio y así evitar futuros conflictos económicos con el país que lidera Donald Trump.

 

Tras días de incertidumbre, el Gobierno de México concretó este viernes sus acciones para frenar el flujo migratorio y contentar a EE.UU. confirmando el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur para el 18 de junio y la contratación de 825 nuevos agentes migratorios.

De este modo se busca avanzar con un plan migratorio que en esta misma jornada recibió el respaldo de los gobiernos estatales del sur del país.

Para oficializar su apoyo, los gobernadores de Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz estuvieron presentes en el Palacio Nacional escoltando al Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ante la amenaza arancelaria de Estados Unidos -detenida tras alcanzar un acuerdo la semana pasada en Washington- el Gobierno cuenta con 45 días para frenar el flujo migratorio y disipar las sombras de una posible guerra comercial.

En la frontera sur, la Guardia Nacional adelantará el arranque de sus funciones doce días antes del 30 de junio, cuando está previsto el inicio oficial de operaciones en todo el país. Así, será el 18 de junio cuando empiece a patrullar la frontera sur, anunció Ebrard.

Se desplegarán 6.000 efectivos de este nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Presidente López Obrador y conformado por policías federales, militares y marinos, que lo harán en 13 puntos específicos ubicados en la frontera sur.

Críticas
La medida suscita críticas entre algunas voces que interpretan el despliegue de la Guardia como innecesario al tiempo que recordaron lo peligros de la militarización en un país como México, con antecedentes en violaciones de derechos humanos perpetradas por elementos castrenses. Antes del arribo de este nuevo cuerpo, esta semana ya se intensificaron los refuerzos, con más retenes migratorios y controles en las carreteras.
El jueves, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó de “locura” la decisión del Gobierno de reforzar la seguridad en la frontera. De acuerdo con datos proporcionados por Ebrard este viernes, esta actividad ilícita deja beneficios de 6.000 millones de dólares anuales en dinero negro.
Al mismo tiempo hace estragos en miles de familias, las cuales se ven forzadas a pagar entre 3.500 y 7.000 dólares por cruzar al país vecino.