Gobierno confirma 22 muertos por protestas en Chile

CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL

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La cifra de muertos durante las protestas en Chile, que ya llevan cuatro semanas, asciende a 22, entre ellos seis extranjeros, informó el gobierno.
El balance dado a conocer este jueves, que registra los hechos ocurridos en las últimas 24 horas, confirma el hallazgo de un cadáver en el interior de un supermercado que fue incendiado en el norte del país.

“Las policías informaron del fallecimiento de una persona, cuyo cadáver fue encontrado calcinado al interior de un supermercado Líder, el que fue incendiado y saqueado en la ciudad de Arica (en la frontera con Perú) durante la noche del 12 de noviembre”, informó el gobierno en un comunicado.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cinco de las muertes ocurrieron a manos de agentes del Estado mientras que entre los fallecidos extranjeros hay tres peruanos, dos colombianos y un ecuatoriano.

Además de las víctimas fatales, según las cifras del ente de derechos humanos, que monitorea las protestas en la calle, hospitales y comisarías, los heridos ya suman 2.209, informó la agencia de noticias EFE.

El INDH precisó que más de la mitad de las lesiones son por disparos de agentes del Estado y que los casos más graves son los de traumas oculares por los impactos de balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas, que ascienden a 209.

Heridos en protestas

Por su parte, los detenidos son 6 mil 046 hasta la fecha, según el INDH, que ha constatado testimonios de detenciones ilegales, palizas, torturas y violaciones a los derechos humanos
de los retenidos durante las protestas en Chile.

Por estos motivos, el organismo ha presentado 319 acciones judiciales en favor de 472 víctimas, principalmente querellas contra el actuar de Carabineros.

El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que busca acabar con la desigualdad de un modelo económico neoliberal y garantizar derechos fundamentales como salud, pensiones o educación.