Francisco Maldonado, fiscal federal de San Juan.

El fiscal federal descartó que las medidas que comenzarán a regir “modifiquen la situación” de las personas que se encuentran en esa situación sin condena.

Desde mañana, los jueces federales de todos el país deberán seguir una serie de pautas establecidas por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación para dictar prisiones preventivas, norma que podría inducir a muchos de los presos que hoy no tienen condena a pedir su excarcelación. El fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, señaló que los nuevos criterios “no modificarán mucho la situación de las personas que están hoy con prisión preventiva, habrá que analizar caso por caso”.

Esta semana el Gobierno Nacional oficializó, a través del Boletín Oficial, las medidas impuestas por la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal que resolvió aplicar algunos artículos del nuevo código en donde se establecen criterios más claros para disponer prisiones preventivas. Dichos artículos tendrán vigencia desde mañana viernes en todos los tribunales federales del país, incluidos los de San Juan.

“Las pautas que regirán no creo que modifiquen mucho la situación de las personas que están hoy con prisión preventiva. No podemos hacer un análisis general, tendremos que hacer un análisis particular de los casos de los imputados que consideren que se les debe aplicar el beneficio excarcelatorio”, analizó el fiscal federal.

Maldonado reconoció que “existe un universo importante de imputados con prisión preventiva” y afirmó que “los abogados defensores están en su derecho, si creen que la ley los beneficia, de pedir la excarcelación de sus defendidos y la fiscalía analizará en cada caso concreto si corresponde avanzar en conceder la libertad o seguir con la pauta de detención. Finalmente el juez decidirá”.

Con la aplicación desde mañana, entre otros, de los artículos 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal, referidos al riesgo de fuga y al entorpecimiento de la investigación, se pondrá fin a la llamada “doctrina Irurzun”, por la cual un gran cantidad de exfuncionarios del gobierno kirchnerista y empresarios fueron enviados a la cárcel con prisiones preventivas.

Hace dos años, Martín Irurzun, juez de la Sala II de la Cámara Federal porteña, impuso esta doctrina con la resolución sobre la causa Río Turbio y luego con diferentes fallos sobre prisiones preventivas, entre ellos la del exvicepresidente Amado Bodou y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El magistrado los encarceló preventivamente fundamentándose en “las relaciones de poder que aún conservan” los imputados.

Para tomar la decisión, la Bicameral, encabezada por el senador salteño Rodolfo Urtubey, se basó en el fallo doctrinario “Díaz Bessone” y restringió los preceptos, pero aun así deben ser analizados en cada caso porque su aplicación puede ser sorteada ante la chance de que alguno de los supuestos puedan considerarse no cumplidos para otorgar la libertad antes de una sentencia firme.
“Hay que revisar cada caso en particular, las situaciones personales y el delito cometido, y analizar si existen estas dos variables: riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, para conceder o denegar un excarcelación”, destacó el fiscal federal.

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación se aprobó en 2018 y establece el sistema acusatorio, donde la investigación recae exclusivamente en el fiscal. Con la idea de implementarlo gradualmente en todo el territorio argentino, a principios de este año comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy. Según lo expresado por Maldonado el objetivo es que Rosario y Cuyo sean las próximas regiones en que rija durante el primer semestre del próximo año.