El plan de Fernández contra el coronavirus: Inyectar más de $680.000 millones para salvar la economía

Sector Privado en Terapia Intensiva

El conjunto de políticas que el Gobierno de Alberto Fernández se dispone a aplicar para inyectar recursos en la economía y evitar una brusca merma de la actividad, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, asciende aproximadamente a unos $680.000 millones, representando más de 2 puntos del PBI, según el informe elaborado por el centro de estudios CEPA, de acuerdo a los datos provistos desde fuentes oficiales y a las estimaciones realizadas por CEPA de otras sumas no especificadas en los anuncios oficiales.


Previo a la crisis económica generada por el coronavirus, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) relevado por el BCRA estimaba una caída de 1,2%, aunque los primeros 10 consultados (Top Ten, seleccionados por BCRA), indicaban que la caída de la actividad en este 2020 se reducía a 0,5%.
Las proyecciones han quedado totalmente obsoletas por la caída de los mercados globales y particularmente en el caso argentino por el impacto de las economías con mayor relación comercial como China y Brasil. De acuerdo a datos de demanda global consolidados de los tres primeros trimestres de 2019, la participación del consumo privado asciende al 57% de la demanda agregada, el consumo público 11%, la inversión 14% y 18% las exportaciones. Considerando que en el caso local tiene un fuerte efecto negativo la merma del consumo interno que se verá en los próximos meses, y que ésta representa el 57% de la demanda agregada, la caída del producto será indudablemente más brusca que las ya negativas proyecciones previas.
El amplio paquete de medidas tiene el propósito, entonces, de amortiguar la caída y propender a compensar los efectos de la cuarentena. Con el transcurso de los meses subsiguientes podrá determinarse si esa compensación es total o parcial de acuerdo a la propia duración de la paralización compulsiva de la actividad económica –cuarentena- y sus efectos.
El estudio destaca que resulta clave sostener la producción en la mayor parte de las ramas de actividad no afectadas directamente por las medidas de aislamiento por coronavirus. Al mismo tiempo, se impone como prioridad garantizar el abastecimiento indispensable para el funcionamiento de las cadenas de provisión de los hogares y las empresas.
En tercer lugar, la discusión reside en cuántos recursos pone el Estado a disposición y en cómo este plan se viabiliza considerando los impactos que tendrá esta paralización económica en la actividad privada.
En este último punto es transcendente evaluar por cuánto tiempo se extiende la cuarentena o las medidas de resguardo de la población, tanto en la Argentina como en el mundo, aunque las decisiones que toman los gobiernos son difíciles de predecir y dependen del ritmo de avance de la pandemia.
Respecto al paquete de medidas, destaca que el gobierno inyectará dinero vía créditos a tasas del 24% anual, para poder surfear la crisis de las empresas, más muchas otras medidas que apuntalan la supervivencia de diversos negocios, como postergación de pagos de impuestos.

Puestos de trabajo
Uno de los datos a tener en cuenta, es la cantidad de puestos de trabajo afectados por la emergencia. Por un lado, las licencias laborales a los trabajadores que constituyen grupos de riesgo. En base a estimaciones de aportes y contribuciones con destino al SIPA de las/os aportantes en Relación de Dependencia, del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, de Autónomos y Monotributistas, que superan los 60 años de edad, se estima un impacto sobre unos 883.286 casos, sin considerar empleo no registrado.
Una porción relevante de este universo –de casi 900 mil, que asciende a 500 mil- no tienen cubierta su licencia por la relación laboral precaria. Son trabajadores monotributistas, de casas particulares o autónomos.
Del resto, a 127.782 hombres y 61.022 mujeres, les alcanzaría el beneficio anunciado el 23 de marzo de una transferencia de $10.000 por el mes de abril. Quedarían sin cobertura 33.619 hombres y 11.189 mujeres de más de 65 años que podrían estar alcanzados por la PUAM.

Desocupados
Desde el Poder Ejecutivo nacional se decidió además extender el seguro de desempleo, que permite a asalariados registrados, legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras estén temporalmente sin empleo. A diciembre de 2019 se computaban 120.558 casos de seguro de desempleo por un monto mensual de casi $700 millones.

Bonos
El bono adicional para perceptores de programas sociales de $3.000, representa en base a los 556.000 beneficiarios, entre Salario Social Complementario y Hacemos Futuro, a finde 2018 una erogación de $1.668.000.000.
A su vez, el bono compensatorio de $3.000 para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y para quienes cobren por debajo de $18.892, la diferencia entre su haber y el monto mencionado, sumado a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), que tendrán un bono equivalente a la percepción mensual del beneficio, el costo de las políticas mencionadas asciende a $27.560 millones y presentan una cobertura de casi 18 millones de personas.
Ingreso Familiar de Emergencia
Esta ayuda para trabajadores informales monotributistas, implica una transferencia de ingresos para contribuyetes de las categorías A y B, trabajadores de casas particulares y desocupados, de 18 a 65 años sin otro ingreso y sólo compatible con AUH y AUE.
El Gobierno estima que alcanzaría a cerca de 3,6 millones hogares, aunque el viernes pasado, el primer día de preinscripción, se anotaron 1,2 millones de trabajadores. Un monto de $10.000 en abril, aunque podría extenderse, representa un costo fiscal que demandará una erogación no menor a $36.000 millones en un solo mes.

Obra Pública
Para sostener la actividad económica, la inyección de recursos a la obra pública considerando el Presupuesto extendido de 2019, en base al monto en vigencia para el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, asciende a $148.611 millones, lo que equivale a decir que el incremento es de 67%.
Mientras que en el Procrear, según la estimación de CEPA, la línea clásica con 100.000 préstamos de $975.000 cada uno podría significar una inyección de $97.500 millones. La línea nueva, alcanzaría una inyección de hasta $6.000 millones considerando un total de 200.000 préstamos por hasta $30.000 cada uno. La suma total podría alcanzar, de concretarse la totalidad de las operaciones estimadas, $103.500 millones.
No obstante, el programa tiene como finalidad la generación de empleo, lo que no se produce en caso de compra de vivienda ya construida, advierte el estudio.
El amplio paquete de medidas tiene el propósito, entonces, de amortiguar la caída y propender a compensar los efectos de la cuarentena, la cual por ahora, no tiene fecha de culminación.