El vicepresidente de la Cámara Baja del Congreso de la Nación realizó un pedido de informe al Ejecutivo relacionado a la licitación de un nuevo sistema de transporte de gas.

“Estamos frente a un nuevo intento del Gobierno por mostrar obra pública a costa de meter la mano al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), que no es otra cosa que el dinero de los jubilados” sostuvo de manera contundente el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja.

El exgobernador sanjuanino presentó un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo relacionado con el dictado del DNU 465/19 relacionado a la licitación de un nuevo sistema de transporte de gas.

Gioja, sostiene en su iniciativa parlamentaria, que lleva el número de registro D-3572-19, que “en los fundamentos del DNU se alude a que resultan necesarias obras de infraestructura para asegurar el suministro de gas a largo plazo. En concreto, se menciona que la infraestructura debería permitir el transporte de gas natural en el orden de los 40 millones de m3 diarios por día. Ahora bien, no hay precisión alguna sobre cómo ni con qué recursos se construiría el nuevo gasoducto”.

En ese mismo sentido, el Presidente del Partido Justicialista agrega “¿Cómo se financiará el nuevo gasoducto? No se sabe. En la resolución 82/2019 se reconoce que los fondos saldrían del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero en el DNU 465/2019 se invoca que la construcción sería a costo y riesgo del licenciatario. Sin dudas, no es lo mismo que se financie el privado por su cuenta que sea el Estado quien provea los fondos. De hecho, este punto es el que ha determinado el fracaso de los contratos de participación público privada (PPP)”.

“Se propone la construcción de un Tercer Sistema de Transporte de Gas que lleve el recurso de Vaca Muerta, desde Tratayén al Puerto de San Nicolás, para ello el Poder Ejecutivo dispuso la creación de un Régimen Especial Temporario (RET) por el término de 17 años para que facilite las inversiones privadas. El RET, supuestamente, no podría implicar aumentos de las tarifas residenciales, o al menos no de manera directa, pero alguien debería absorber las compensaciones que se van a producir con los otros operadores del sistema”.

Gioja añadió: “Si la absorción finalmente termina en el Estado, pagarán todos los usuarios de manera indirecta, tal como este Gobierno decidió que ocurra con las compensaciones a prestadores actuales de gas y electricidad”, advirtió Gioja sobre futuros aumentos del servicio”.