La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena contra la Argentina por la estatización de YPF. La resolución dejó asentado en el expediente el cambio de criterio que la Cámara de Apelaciones había dispuesto en marzo de 2026, cuando revocó la sentencia que obligaba al país a pagar USD 16.100 millones.
Con esta medida, se cerró la etapa del caso ante Preska, aunque la disputa no terminó. Burford Capital, el fondo que financia el reclamo de los antiguos accionistas, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise el fallo favorable al Estado argentino. El máximo tribunal todavía debe decidir si acepta intervenir.
Qué cambia en el expediente
La jueza formalizó un resultado ya definido en la instancia de apelación: la condena dictada en septiembre de 2023 dejó de tener efecto. No se trata de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino de la incorporación de esa decisión al expediente tramitado en primera instancia.
La sentencia original había establecido que la Argentina debía indemnizar a los demandantes por USD 16.100 millones, una cifra que con intereses llegó a superar los USD 18.000 millones. En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió ese criterio al cuestionar la interpretación del derecho argentino aplicada por Preska. Luego, ese tribunal rechazó un pedido para revisar nuevamente su resolución.
Lo que falta resolver
El próximo paso depende de la Corte Suprema de Estados Unidos. A comienzos de octubre, Burford Capital presentó un recurso para intentar revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y recuperar la posibilidad de cobrar la indemnización. La presentación no implica que el tribunal vaya a tratar el caso: primero debe decidir si acepta o no el pedido de revisión.
Si la Corte rechaza intervenir, se mantendrá el resultado favorable a la Argentina. Si lo admite, la disputa podría continuar en esa instancia. Por ahora, el Estado no debe afrontar el pago fijado en la sentencia de 2023, aunque sigue pendiente una definición sobre el intento de los demandantes de reabrir la discusión.
Antecedentes del litigio
La causa se originó en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de YPF. Las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, junto con el fondo Eton Park, reclamaron una compensación. Sostuvieron que el Estado incumplió las reglas previstas para la adquisición de acciones al no realizar una oferta pública por las participaciones de los accionistas minoritarios.
El expediente llegó a una sentencia adversa para la Argentina en 2023, cuando Preska fijó la indemnización. La Cámara de Apelaciones modificó ese escenario en marzo de 2026 y dejó sin efecto la condena. El desenlace final sigue atado a la decisión que adopte la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el planteo de Burford Capital.
