El gobierno de Javier Milei oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas que no generan divisas, una decisión que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esta medida, la administración libertaria busca reactivar la actividad y ampliar el circuito de financiamiento en moneda extranjera.
La decisión quedó plasmada en el DNU 736/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 23 del Decreto 905/02. Hasta ahora, ese marco regulatorio limitaba el otorgamiento de préstamos a firmas vinculadas con el comercio exterior, mientras que la nueva redacción habilita la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y a plazo.
Según la norma, los fondos provenientes de esos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación de prestatarios con ingresos habituales derivados, directa o indirectamente, de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas. Además, se prevé su utilización para otorgar financiamiento a otras personas jurídicas, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina.
En sus fundamentos, el decreto coloca la medida dentro de un diagnóstico más amplio sobre la evolución de la economía argentina. Allí sostiene que, en los últimos 100 años, el país exhibió un bajo crecimiento acumulado y una fuerte volatilidad, con una pérdida progresiva de posición relativa frente a otras economías. Esa dinámica, según el texto, se agravó en las últimas dos décadas y alcanzó un punto crítico en diciembre de 2023, cuando la Argentina atravesaba una situación calificada como de “inédita gravedad”.
El documento menciona como parte de ese escenario el riesgo de hiperinflación, los controles cambiarios estrictos, la falta de acceso al financiamiento externo y las reservas internacionales netas negativas. A partir de ese cuadro, el Gobierno intenta justificar una política orientada a reactivar la inversión y a dar mayor circulación a los dólares depositados en el sistema financiero local.
El DNU también repasa indicadores del período 2012-2023. Señala que la tasa de inversión a precios corrientes fue del 16%, que el crecimiento medio anual del PIB fue inferior al 0,1% y que el producto se contrajo en siete de los doce años analizados. En ese lapso, agrega, el PIB per cápita acumuló una caída superior al 10%.
El texto oficial vincula esa contracción con el deterioro social. En ese sentido, afirma que la pobreza pasó del 26,9% en el segundo semestre de 2006 al 41,7% en el segundo semestre de 2023, mientras que la indigencia subió del 8,7% al 11,9% en el mismo período. La lectura oficial es que la falta de crecimiento terminó impactando de manera directa en las condiciones de vida de la población.
La medida también se apoya en la evolución de las reservas y del mercado cambiario. El decreto cita el Programa de Facilidades Extendidas acordado con el Fondo Monetario Internacional mediante el Decreto 179/25, al que atribuye un fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central. A eso suma las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en los primeros siete meses de 2026, que alcanzaron los USD 13.300 millones, por encima de la meta anual de USD 10.000 millones.
En la argumentación oficial, la flexibilización apunta a corregir una brecha entre el ahorro en dólares y el crédito disponible. Según datos del Indec citados en el decreto, a fines del primer trimestre de 2026 el sector privado no financiero tenía activos externos por USD 262.014 millones, mientras que los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero local ascendían a USD 39.336 millones al 30 de junio de ese año.
En paralelo, los préstamos en moneda extranjera al sector privado se ubicaban en USD 23.716 millones, por debajo del monto depositado. Para el Gobierno, esa diferencia refleja en parte los requisitos de efectivo mínimo, pero también una porción importante de fondos que permanecen ociosos o con bajo rendimiento en el Banco Central. Con esta decisión, la administración de Javier Milei busca transformar ese excedente en una fuente de financiamiento productivo, aunque el alcance concreto de la medida dependerá de la reglamentación posterior.
