Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas acerca de una denuncia por lavado de activos promovida por FECOVITA ante la Justicia Federal, Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA) rechazó la acusación.
Lo primero que aclaró es que a la fecha no existe ninguna imputación: la Fiscalía que interviene en el caso sostiene que no hay elementos que permitan imputar a persona alguna y advirtió, además, sobre la posible utilización abusiva del proceso penal para canalizar el prolongado conflicto comercial que existe entre las partes.
EVISA aclaró, asimismo, que FECOVITA hizo esa denuncia sin indicar, siquiera, cuál habría sido el delito cometido, ni explicar por qué los fondos que cuestiona serían ilícitos: lo único que alegó fue que se trataba de fondos ingresados al país mediante operaciones de Contado con Liquidación (CCL), como si ese mecanismo no fuera legal o tuviera aptitud para otorgar al dinero origen delictivo.
Los fondos involucrados en la denuncia son, además, los mismos que FECOVITA retiró de EVISA y que no devolvió, lo cual dio lugar a ese largo conflicto comercial que todavía hoy enfrenta a las partes.
Cuando FECOVITA ingresó al negocio, dejó asentado en sus propias actas que los fondos eran lícitos y que habían ingresado al país a través de mecanismos permitidos y con las certificaciones exigidas.
También de esas actas resultan los beneficios adicionales que FECOVITA recibiría de esa operatoria, como el de financiarse a tasa cero, crecer en los mercados internacionales y obtener el 51 % de las acciones de EVISA, porcentaje que le garantizaría “el manejo de la sociedad”.
FECOVITA se convirtió, así, en socia controlante y administradora de EVISA y, en ese carácter, recibió esos recursos y se los giró a cuentas de la propia FECOVITA.
Esto deja exhibida la pregunta que FECOVITA deberá responder: ¿cómo pueden ser sospechosos hoy los mismos fondos que ella calificó de lícitos cuando se los llevó?
Las actas de FECOVITA
Los siguientes extractos reproducen textualmente lo
sostenido por los órganos internos de FECOVITA en sus actas:
La “...Sindicatura menciona…que genera incertidumbre el origen de los fondos aportados…La mesa responde…que se trata de fondos de Inversión lícitos que ingresan al país con certificado de licitud emitidos por la UIF y el Banco Central…”.
“…es una operación lícita, ética y moral en todos sus aspectos.”.
“…FECOVITA nunca perdería el 51% de las acciones que garantizan el manejo de la sociedad. No se le permitiría hacer más aportes para nunca perder el 51% de las acciones…” (se refiere a los aportes de Iberte).
“…La ventaja nuestra sería que obtendríamos una capitalización de hasta U$S 10.000.000 a tasa 0%, y también un acceso a sus mercados, que nos permitiría crecer en mosto y graneles…” (se refiere a los mercados de Iberte).
“…el dinero ingresa a través de la bolsa de valores por el CCL. Pare realizar esto se requiere el certificado de licitud de fondos emitido por el Banco Central de la República Argentina y ratificado por la UIF…”
Para EVISA, esta documentación muestra una contradicción insalvable entre la posición que FECOVITA sostuvo en 2021 y la denuncia que presentó: lo que hoy cuestiona como una supuesta maniobra ilícita fue presentada entonces por sus propios directivos como una operatoria legal que, además, permitiría a FECOVITA obtener los mencionados beneficios.
Qué resolvió hasta ahora la Justicia
La Fiscalía circunscribió la investigación a determinadas operaciones vinculadas con FECOVITA durante los años 2021, 2022 y 2023 y, por ello mismo, rechazó la pretensión de FECOVITA de ser tenida como querellante: porque la Federación es parte necesaria de las operaciones que denuncia, intervino en ellas y fue quien incorporó los fondos al circuito económico y se benefició con ellos.Si bien esos fondos eran originalmente lícitos, bancarizados y plenamente trazables, FECOVITA se apropió de ellos mediante una estafa que motivó que sus directivos se encuentren hoy citados a declaración indagatoria. Tras esa maniobra, los mismos directivos la encubrieron mediante la confección de balances presuntamente falsos que otorgaron a esa incorporación dineraria apariencia de licitud. El origen ilícito que para ella sí tenían los fondos, quedó de tal modo lavado.
Por ello, EVISA promovió una denuncia por lavado de activos contra esos directivos, que tramita ante el Juzgado Penal Económico N.º 6, Secretaría N.º 11 de CABA, bajo la carátula “CFP 2781/2026: denunciado: Micolau, Rubén Panella y otros s/ infracción art. 303 inc. 1, infracción al art. 303 inc. 2”. En esa causa existe requerimiento fiscal de instrucción, que fue aceptado por el juez, quien delegó la investigación en el mismo fiscal.
El contexto del conflicto
EVISA considera que la nueva denuncia debe analizarse
dentro del prolongado conflicto que mantiene con FECOVITA y que derivó en
distintas acciones penales actualmente en trámite en Mendoza, algunas de las
cuales se encuentran elevadas a juicio oral.
Entre otros antecedentes, existe una denuncia de EVISA que justificó que AFIP–DGA realizara una presentación ante la Justicia Federal de Mendoza por presunto contrabando agravado vinculada a operaciones de exportación de FECOVITA.
En esa presentación, el organismo describió un esquema sistemático de triangulación y consignación simulada que habría permitido a FECOVITA diferir tributos, ocultar ventas ya concretadas, mantener divisas fuera del país, subfacturar operaciones y obtener beneficios indebidos del régimen ES01.
La posición de EVISA
Para EVISA, el momento elegido para presentar la denuncia y el modo en que fue formulada evidencian que lo buscado es desacreditar públicamente al Grupo y lograr un mejor posicionamiento en los conflictos judiciales.Esa modalidad -la de efectuar denuncias falsas en contra del Grupo- no es nueva, pues FECOVITA ya ha utilizado esa estrategia extorsiva con anterioridad.
Lo que sí es inédito es la gravedad de la denuncia que ahora nos ocupa: aunque es tan infundada que en ella la Cooperativa no ha logrado siquiera describir el delito, le ha llamado “lavado de activos”, esto es, ha acudido a una figura penal con enorme carga estigmatizante, cuya sola invocación es susceptible de provocar un severo daño reputacional.
Según información recibida por EVISA de fuentes cuya identidad debe mantenerse en reserva, la intención de FECOVITA fue obtener la difusión inmediata de dicha denuncia para instalar públicamente esa acusación de alto impacto contra AISA Group y sus integrantes.
EVISA anticipó que este nuevo episodio, por la gravedad de sus consecuencias y los perjuicios ocasionados, dará lugar a una nueva demanda millonaria por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables.
Trazabilidad y auditoría independiente
EVISA afirmó que todas las operaciones involucradas fueron realizadas dentro del sistema financiero formal, que los fondos siempre estuvieron bancarizados y que existe trazabilidad documental tanto en Argentina como en el exterior. También señaló que las operaciones fueron oportunamente informadas y fiscalizadas por los organismos tributarios correspondientes.A la documentación que aportará a la Justicia para demostrarlo, se sumará una auditoría integral e independiente sobre esa misma trazabilidad que ya ha sido encargada a una firma internacional especializada en inteligencia corporativa, investigación de fraudes y contabilidad forense, que también será puesta a disposición de la Justicia.
AISA Group y sus operaciones en Argentina
AISA Group es un grupo empresario familiar con base en Canadá y operaciones internacionales en minería, energías renovables, pesca, real estate y comercialización global de materias primas.En Argentina genera más de 2.000 puestos de trabajo, que se multiplicarán por otros miles tras las nuevas inversiones que tiene proyectadas.
Su capacidad de inversión en la Argentina quedó expuesta, entre otras cosas, con la aprobación de adhesión al RIGI que Minas Argentinas S.A. obtuvo para el Proyecto Único Carbonatos Profundos -“Nuevo Gualcamayo”- mediante Resolución 6/2026 del Ministerio de Economía, con una inversión total declarada en activos computables de USD 650.000.000.
Juan José Retamero, a su vez, fue uno de los diez empresarios españoles que se reunió con el Presidente Milei en su reciente viaje a España, ocasión en la que se comprometió a avanzar con un nuevo RIGI para desarrollar un programa de inversiones por USD 1.500 millones adicionales.
La auditoría legal de las sociedades que componen el grupo es realizada por las empresas de auditoría más prestigiosas del mundo conocidas como las “Big Four”, lo cual revela que dichas sociedades cumplen con los más exigentes estándares de control en la información y en la prevención contra el lavado de activos.
Entre las sociedades que integran el grupo se encuentra Minas Argentinas S.A., sociedad incorporada al régimen de oferta pública que presenta periódicamente su información financiera ante la Comisión Nacional de Valores, lo cual incluye la vinculada a todo el grupo, con cumplimiento de las reglas de transparencia propias de las sociedades con presencia en el mercado de capitales.
Minas Argentinas S.A. se encuentra, además, sometida a los controles específicos que se aplican a las compañías dedicadas a la producción y exportación de metales preciosos, por lo que se le aplica uno de los regímenes más exigentes en materia de control y trazabilidad de sus fondos (Resolución UIF 55/2024).
El grupo se inserta, así, en un entramado de controles, supervisiones e inspecciones de todo tipo, que exige documentar y reconstruir la trazabilidad de todas sus operaciones, lo cual basta, por sí solo, para demostrar que es imposible que hubieran podido producirse operaciones como las que fueron denunciadas por FECOVITA.
Un llamado a la responsabilidad institucional
En un país como la Argentina, tan necesitado de inversiones, EVISA llama a la reflexión a quienes, desde sus respectivas responsabilidades institucionales, pueden y deben impedir que denuncias manifiestamente infundadas sean utilizadas como herramientas de presión o para producir daños reputacionales.Nuestro país necesita inversión, empleo y proyectos de largo plazo y, para atraerlos y preservarlos, no alcanza con ofrecer incentivos económicos: es indispensable garantizar que quienes invierten y producen no sean dañados impunemente mediante acusaciones infundadas.
Defender esas garantías no significa limitar la actuación de la Justicia ni la libertad de prensa, sino exigir que ambas se ejerzan con la responsabilidad que corresponde al enorme impacto que sus decisiones y publicaciones pueden generar.
