El Gobierno resolvió no aumentar en septiembre las alícuotas de los impuestos a los combustibles, con el objetivo de atenuar el impacto en los precios de las naftas y el gasoil y de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La decisión quedó plasmada en el decreto 829/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. Con esta medida, septiembre será el tercer mes del año sin modificaciones en estas cargas, después de abril y julio.
Los tributos alcanzados son el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se diferencian de la mayoría de los gravámenes porque sus alícuotas no son porcentuales sino sumas fijas. Esa característica hace que su incidencia no mantenga una relación proporcional con el precio libre de impuestos y que pueda variar aun cuando el valor de los combustibles suba o baje. En la práctica, se trata de dos impuestos que el Estado actualiza de manera periódica, aunque la aplicación concreta de esos aumentos quedó alterada en los últimos años por decisiones del Poder Ejecutivo.
Marco legal y antecedentes
La ley 23.966 establece que los impuestos a los combustibles deben ajustarse con periodicidad trimestral en enero, abril, julio y octubre de cada año, en función de la inflación. Sin embargo, sucesivas resoluciones oficiales modificaron ese esquema en los últimos cinco años. La suspensión dispuesta ahora por la administración de Javier Milei se asemeja a una medida adoptada por su antecesor, Alberto Fernández, quien postergó incrementos del ICL y del IDC en los dos últimos años de su mandato para evitar un traslado inmediato a los precios.
Aumentos acumulados
Como esas decisiones no implicaron la derogación de los tributos sino la suspensión de sus aumentos, se fueron acumulando ajustes pendientes que al inicio del gobierno de Milei superaban el 550%. En los primeros meses de gestión, el Poder Ejecutivo intentó ponerse al día con esos incrementos, pero desde mayo de 2024 optó por una aplicación gradual. Según el texto difundido, tras 33 meses de gobierno todavía no se completó el esquema de actualización previsto originalmente.
Recaudación y cuentas fiscales
Más allá del discurso oficial de reducción de tributos, la continuidad de estos impuestos cumple un papel relevante en la recaudación. En un contexto de caída de los ingresos tributarios reales, los combustibles se consolidaron como uno de los recursos para sostener el superávit fiscal. Al asumir Milei, luego de dos años de congelamiento, la recaudación por Combustibles había crecido apenas 22%, contra un aumento general de 115,1%. Desde 2024, esa relación se invirtió y la recaudación de Combustibles superó siempre a la del total de los impuestos.
En 2024, la suba fue de 378,9% frente al 205,6% general. En 2025, los incrementos fueron de 92,2% y 39,4%, respectivamente. En los primeros siete meses de 2026, la recaudación total avanzó 27,4%, mientras que la de Combustibles aumentó 60,7%. Entre enero y julio, ese tributo aportó $3.839.125 millones, una cifra que el propio texto compara con casi el doble de lo ingresado por Bienes Personales y por encima de lo recaudado por derechos de importación.
La variable a seguir es si el Poder Ejecutivo mantendrá esta postergación en los próximos vencimientos trimestrales o si retomará el esquema de actualización previsto por la ley 23.966. El próximo hito formal del calendario impositivo queda marcado por el trimestre siguiente de ajuste, en un esquema que sigue condicionado por la inflación y por la necesidad de sostener los ingresos fiscales.
