El Gobierno nacional volvió a postergar la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el sistema creado por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 para cubrir las indemnizaciones cuando termina una relación de trabajo. La medida se formalizó mediante el Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete. Para los trabajadores del sector privado, el cambio implica una nueva demora en el acceso a ese respaldo económico ante un despido.
El decreto modificó dos aspectos centrales del régimen. La fecha de inicio se corrió del 1° de noviembre de 2026 al 1° de diciembre de 2026, en una secuencia de postergaciones que ya había desplazado el arranque original, previsto para junio. Además, el período de carencia, es decir, el tiempo mínimo de aportes antes de que el fondo pueda cubrir una indemnización, se duplicó de 6 a 12 meses.
Ese plazo de 12 meses comenzará a computarse recién cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre el primer aporte realizado por el empleador. Hasta que se complete ese año, el fondo no podrá responder por las obligaciones previstas en la ley. En términos prácticos, el nuevo esquema prolonga el tiempo de espera para que el sistema quede operativo.
Implementación pendiente La demora se explica, según el propio diseño del régimen, por dificultades técnicas y operativas para poner en marcha un mecanismo sin antecedentes en el país. Los FAL deben canalizarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros, bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que exige coordinar desarrollos tecnológicos entre bancos, proveedores de servicios y organismos públicos. Ese entramado administrativo y financiero es el que quedó alcanzado por el nuevo diferimiento.
Pedido del sector financiero El aplazamiento también respondió a un pedido formal de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). Con el tiempo adicional, el Gobierno busca probar los sistemas informáticos y verificar la solvencia y estabilidad financiera del nuevo régimen. Mientras tanto, las indemnizaciones por despido siguen rigiéndose por el sistema vigente hoy.
Alcance y vigencia El esquema alcanzará solamente a los trabajadores del sector privado, ya que los empleados de la administración pública quedan excluidos. La implementación efectiva dependerá del cumplimiento del nuevo cronograma y del funcionamiento de los instrumentos financieros previstos por la norma. La próxima fecha a seguir es el 1° de diciembre de 2026, cuando el Ejecutivo fijó el nuevo inicio del sistema.
