El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves una garantía de USD 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar la ampliación de la red de transporte eléctrico de la Argentina. La decisión apunta a facilitar la llegada de inversiones privadas a un sistema que tiene dificultades para financiar obras de gran escala y cuya capacidad de transmisión aparece como uno de los límites del desarrollo energético del país.
El instrumento respaldará los proyectos AMBA I y Puerto Madryn-Choele Choel / Choele Choel-Bahía Blanca, orientados a fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Según la Secretaría de Energía, el programa beneficiará de manera directa a unos 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, a partir de un suministro eléctrico más confiable.
Riesgo y financiamiento
A diferencia de un préstamo destinado a financiar de manera directa la construcción, la garantía del BID busca reducir el riesgo que enfrentan los inversores y facilitar el ingreso de capital privado a proyectos de largo plazo. El objetivo es mejorar las condiciones de fondeo de obras que requieren capital intensivo y plazos extendidos de repago. En este caso, el respaldo internacional se presenta como una herramienta para viabilizar iniciativas que, sin ese esquema, suelen encontrar dificultades para cerrar su financiamiento.
El problema, según el propio diseño del programa, es estructural. Durante las últimas décadas, la Argentina logró incorporar nueva generación eléctrica mediante distintos mecanismos contractuales, pero no consolidó un esquema capaz de financiar con inversión privada las grandes ampliaciones de la red de alta tensión. La saturación de líneas y nodos de transmisión limita la incorporación de nueva potencia y condiciona el abastecimiento en los picos de consumo. En ese marco, la garantía del organismo multilateral busca actuar sobre una de las restricciones centrales del sistema.
AMBA I, primera prueba
El principal desafío será AMBA I, una obra estimada en USD 800 millones cuya licitación fue lanzada en agosto bajo el régimen de concesión de obra pública. El esquema prevé que la empresa adjudicataria financie la construcción y recupere la inversión mediante pagos denominados en dólares, actualizados por un índice de precios de Estados Unidos y con prioridad de cobro dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Ese diseño contractual apunta a dar previsibilidad a la recuperación de los fondos comprometidos.
El contrato también establece que la obligación de pago seguirá vigente aunque un futuro gobierno decida no trasladar íntegramente el costo a las tarifas eléctricas. A esa cobertura se suma la garantía del BID, que busca mitigar riesgos políticos y mejorar las chances de financiamiento privado. El modelo, además, contempla que el concesionario pueda empezar a cobrar parte de su remuneración a medida que complete determinados lotes de la obra, sin esperar la finalización total de la construcción. La aprobación del respaldo mejora el escenario para captar inversores, aunque no asegura por sí sola que el financiamiento privado necesario para AMBA I quede cerrado.
