La Justicia federal avanzó en una investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia por un presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía pidió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA. La causa busca establecer si la evolución de sus bienes entre 2017 y 2024 se corresponde con los ingresos que declaró en ese período.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice el acceso a información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo de Tapia. El pedido también alcanza los secretos previstos por las normas de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos, dos regímenes que limitan el acceso a datos financieros salvo orden judicial.
La denuncia de origen
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el dirigente tuvo un fuerte crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE. Según el análisis incorporado a la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades valuadas fiscalmente en $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro. La Fiscalía busca contrastar esos datos con los ingresos declarados y reconstruir la evolución de sus bienes y movimientos financieros.
Los ingresos bajo análisis
La denuncia también puso bajo examen los ingresos informados por el titular de la AFA. Según esos documentos, declaró ingresos anuales de $100.233.144 por su función en la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo como presidente de la AFA es ad honorem, es decir, sin remuneración, según surge del expediente.
Qué debe resolver el juez
El pedido de la Fiscalía no implica una imputación formal contra Tapia. El impulso de la acción penal marca el inicio de una investigación y será Lijo quien deba resolver qué medidas autoriza. Por el momento no se ordenaron allanamientos, según aclararon fuentes del caso. Las medidas solicitadas apuntan a obtener documentación e información financiera que permita determinar si existe una diferencia injustificada entre el patrimonio del dirigente y sus ingresos declarados.
La causa comenzó en la Justicia porteña, pero una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE llevó el expediente al fuero federal. Finalmente, la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que debía tramitar allí y quedó a cargo de Lijo. Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente, y en 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
