Al comienzo de la semana el Gobierno anunció que prorrogará por otros 60 días la prohibición a las empresas de efectuar despidos “sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.

 

Se incluyó, además, la “prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación”. La medida original había sido adoptada originalmente por un decreto a fines de marzo, cuando comenzó la cuarentena, y vencía el 31 de mayo.
En ese contexto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, reclamó algunas modificaciones al decreto, haciendo foco en los casos en donde se vea perjudicada la productividad de las pymes, pero con la obligación para las fábricas de incorporar nuevos empleados que compensen las desvinculaciones y mantener así la nómina laboral. “Lo que proponemos es que esta medida no nos afecte en la productividad. Es decir que, si llegado el caso hay que prescindir de un trabajador que incumple con su tarea, será reemplazado por otra persona. Lo que buscamos es organizar y mantener la productividad y la armonía dentro de las empresas”, señaló Rosato a Ámbito Financiero.
Según el empresario, el objetivo del cambio en el llamado “decreto antidespido” es fomentar la responsabilidad laboral dentro de las fábricas pymes, que “se ven afectadas por la inequidad productiva en los puestos de trabajo”. “Estamos en total acuerdo en la necesidad imperiosa de mantener las fuentes de trabajo, y mucho más aún si las empresas se encuentran amparadas bajo los beneficios del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), pero lo que pedimos es una revisión sobre las inequidades que se generaron entre compañeros de línea de producción al momento de desarrollar la tarea”, afirmó Rosato.
En ese sentido, el presidente de IPA se refirió a la “gran elevación del porcentaje de ausentismo que se observó en las fábricas pymes exceptuadas de la cuarentena”, y propuso tener la posibilidad de que “ante una situación puntual de despido, la fábrica tenga la obligación de tomar otro empleado para que no caiga la nómina laboral”. “Hay que destacar que las pymes no estamos despidiendo personal.
En los casos de caída de puestos de trabajo es debido al cierre de una fábrica por no poder superar esta profunda crisis, a pesar de las ayudas que el Gobierno nacional brinda con un gran esfuerzo”, remarcó. Por otra parte, el empresario sostuvo que una modificación en el decreto no abriría una “ventana para deshacerse de personal de manera caprichosa y sin contemplaciones de los derechos laborales”. Y remarcó: “Se instaló un sistema inequitativo entre los propios empleados, ya que algunos trabajan con la intensidad que permiten las reglas de la nueva normalidad, mientras que otros se amparan en un decreto que es justo para cuidar el empleo pero que deja secuelas en las fábricas a partir del mayor costo que genera una menor productividad y que daña la relación entre compañeros”.