Cambios sobre la movilidad jubilatoria significan un ahorro solo del 0,02% del PBI

Déficit previsional

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Resultado Primario del Gobierno Nacional

En lugar de un aumento del 11,6%, con la fórmula de movilidad del gobierno anterior, el aumento será de poco más del 9%. Con la modificación de la movilidad de las jubilaciones, dispuesta por la administración de Alberto Fernández, todos los haberes aumentarán un 2,3% más una suma fija de $1.500. Esto hace que el haber mínimo ($14 mil) aumente entre diciembre y marzo un 13% y el haber máximo ($103 mil) apenas un 3%. Para haberes superiores al máximo –que se otorgan con regímenes especiales o por fallos judiciales– el incremento será aún menor.


Se trata de uno de los cambios en materia previsional que busca corregir inequidades y mejorar la sustentabilidad previsional y de las finanzas públicas, sobre cuyas metas el Instituto de Desarrollo Social (IDESA) realizó un informe en base a los datos del Ministerio de Hacienda destacando que en el 2017, sobre un déficit primario total de -3,8% del PBI, el déficit previsional era de -1,7% y el déficit primario restante de -2,1%.
En el 2018, el déficit primario total bajó a -2,3% del PBI, donde el déficit previsional fue de -1,4% y el déficit primario restante de -0,9%.
En el 2019, el déficit primario total se bajó a -0,5% del PBI, donde el déficit previsional se mantuvo en -1,4% y el resto del gasto primario fue superavitario en 0,9% del PBI.
Estos datos muestran “la muy alta incidencia que tiene el gasto previsional sobre el déficit fiscal. El anterior gobierno, ante el fracaso de su estrategia gradualista, se embarcó a partir del 2018 en la meta del déficit cero sin afectar a los jubilados”, indicó.
Los esfuerzos realizados para reducir otros gastos fueron grandes, pero no alcanzaron para compensar el déficit previsional. Por esto, aun con un fuerte salto en la inflación, que hizo una contribución decisiva licuando gasto público, no se pudo cumplir con el “déficit cero”.
De acuerdo al estudio, este panorama no será alterado con el cambio en la movilidad previsional que dispuso el actual gobierno. En lugar de un aumento del 11,6%, que sería el incremento con la fórmula de movilidad del gobierno anterior, la actualización será de poco más del 9%. Por lo tanto, el ahorro será de magnitudes acotadas, aproximadamente, un 0,02% del PBI. Esto, sin considerar la previsión por los juicios de quienes se sentirán afectados por el magro ajuste previsional. Las reformas sobre el régimen de magistrados y cancillería son marginales, por lo que tampoco hacen gran contribución a la sustentabilidad previsional.
En relación a la equidad, dar aumentos más altos a quienes tienen haberes más bajos es una manera muy rudimentaria y poco efectiva de redistribuir ingresos. Tanto porque en muchos casos será anulada por fallos judiciales, como porque es sabido que mucha gente que cobra haberes bajos dista de ser pobre y cobra doble beneficio. Más claro es el impacto positivo sobre la equidad de tender a igualar las reglas previsionales de magistrados y cancillería al régimen general. Sin embargo, sigue siendo un régimen de privilegio, en cuanto a cuestiones claves como el porcentaje de haber inicial y la movilidad posterior.
Con cambios tan parciales y acotados, seguirá siendo la inflación la encargada de controlar el gasto previsional licuando los haberes. Eludir una reforma integral viene siendo una continuidad en los sucesivos gobiernos. Esto pone en evidencia que no hay conciencia de que el desorden previsional es la principal causa de la decadencia argentina. Para salir de esta involución es necesario abordar una agenda más estructural, que incluya, como mínimo, unificar las edades de retiro en todos los regímenes y ajustarla automáticamente al envejecimiento, tomar los 30 años de salarios para el cálculo del haber inicial, limitar la duplicación de beneficios previsionales y perfeccionar la PUAM.