San Juan sumará una matriz para medir el aporte social y económico de la minería

La Ley de Desarrollo Local que impulsa el Ministerio de Minería de San Juan incorporará una matriz socioeconómica orientada a relevar y monitorear el impacto de la actividad en la provincia. Se trata de una herramienta inédita en la gestión minera local, pensada para medir de manera objetiva y permanente su aporte al desarrollo económico y social.

El sistema ordenará datos vinculados con empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario, con el fin de convertirlos en indicadores que permitan precisar cuánto incide la minería en el crecimiento de los departamentos donde se desarrolla. La iniciativa forma parte del proceso de digitalización de la cartera minera y apunta a concentrar en una sola plataforma la información de los distintos proyectos.

Según la fundamentación técnica elaborada por el Ministerio, el módulo fue diseñado para transformar datos dispersos en una herramienta estratégica de gestión pública. La intención es que la actividad no sea evaluada solo por sus indicadores productivos, sino también por su incidencia en la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Desde la cartera minera sostienen que contar con esos datos en tiempo real facilitará la toma de decisiones y permitirá ajustar políticas públicas según la evolución de los indicadores. Entre los beneficios previstos figuran la identificación de comunidades o zonas que no estén recibiendo de manera suficiente los beneficios de la actividad, la detección de oportunidades de mejora y la comparación de resultados entre proyectos para replicar experiencias exitosas.

La propuesta también prevé la participación de un equipo interdisciplinario con tareas vinculadas al análisis de impacto económico, la auditoría de datos, la infraestructura tecnológica, el marco regulatorio y el seguimiento de indicadores sociales. El esquema contempla tres ejes de trabajo: el sector privado, mediante la información aportada por las empresas; el sector público, a través de la coordinación de programas estatales en departamentos mineros; y las comunidades, mediante acciones periódicas de participación y relevamiento de necesidades locales.

La meta es construir una base de información que permita anticipar demandas, planificar intervenciones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras con criterios objetivos. Para el Gobierno provincial, el desafío es que el Estado asuma un rol más activo en la generación de valor social derivado de la actividad minera.