San Juan incorporará una matriz para medir el aporte social y económico de la minería

La Ley de Desarrollo Local que promueve el Ministerio de Minería de San Juan incorporará una matriz socioeconómica orientada a registrar y seguir el impacto que genera la actividad minera en la provincia. La medida fue presentada como un hito para la gestión local, al establecer por primera vez un mecanismo integral para medir de manera objetiva y permanente su aporte al desarrollo económico y social.

La herramienta ordenará información vinculada con empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario, con el fin de transformarla en indicadores que permitan precisar cuánto contribuye la minería al crecimiento de los departamentos donde opera. La iniciativa se enmarca en el proceso de digitalización de la cartera minera y apunta a concentrar en una sola plataforma los datos de los distintos proyectos.

Según la fundamentación técnica elaborada por el Ministerio, el módulo fue diseñado para convertir datos dispersos en una herramienta estratégica de gestión pública. La intención es que la actividad sea evaluada no solo por sus indicadores productivos, sino también por su incidencia en la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Desde la cartera minera sostienen que contar con información en tiempo real facilitará la toma de decisiones y permitirá ajustar políticas públicas de acuerdo con la evolución de los indicadores. Entre los beneficios previstos se incluye la posibilidad de identificar comunidades o zonas que no estén recibiendo de manera suficiente los beneficios de la actividad, detectar oportunidades de mejora y comparar resultados entre proyectos para replicar experiencias exitosas.

La propuesta también contempla la participación de un equipo interdisciplinario con funciones vinculadas al análisis de impacto económico, la auditoría de datos, la infraestructura tecnológica, el marco regulatorio y el seguimiento de indicadores sociales. Además, prevé trabajar sobre tres ejes: el sector privado, mediante el seguimiento de la información aportada por las empresas; el sector público, a través de la coordinación de programas estatales en departamentos mineros; y las comunidades, con acciones periódicas de participación y relevamiento de necesidades locales.

La meta es construir una base de información que permita anticipar demandas, planificar intervenciones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras con criterios objetivos.