La Rioja exige acceso al estudio ambiental del Proyecto Vicuña y la Justicia frenó la explotación por 30 días

El conflicto entre San Juan y La Rioja por el desarrollo minero Vicuña sumó un nuevo capítulo con un reclamo formal del gobierno riojano y una resolución judicial que ordenó frenar temporalmente las actividades. Desde la provincia vecina advierten por posibles impactos ambientales en su territorio y cuestionan a la empresa por supuestos incumplimientos previos.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, señaló que la postura de la provincia se sostiene tras un proceso de diálogo que, según dijo, lleva alrededor de 6 años. Recordó además un compromiso asumido por la compañía, como la construcción de un by-pass en Guandacol, que nunca se concretó.

Azulay también cuestionó la falta de acceso a información clave sobre el proyecto. "Advertimos una segmentación de los impactos ambientales", expresó, al sostener que esa situación impide conocer con precisión los efectos negativos que el emprendimiento podría generar en La Rioja. Si bien reconoció que la explotación se desarrolla en territorio sanjuanino, remarcó que su provincia debe ser tenida en cuenta por la magnitud de la iniciativa.

El proyecto, vinculado a los yacimientos José María y Filo del Sol, es considerado de gran escala y, según el funcionario, su cercanía con el límite interprovincial hace inevitable que sus efectos trasciendan fronteras. En ese sentido, mencionó posibles consecuencias asociadas a voladuras, tránsito, diques de cola y extracción de agua.

Por eso, el gobierno riojano reclama acceso al estudio de impacto ambiental completo para poder evaluarlo. "Tenemos todo el derecho de conocerlo y analizar cómo va a impactar en nuestros ecosistemas", afirmó Azulay, quien insistió en que la provincia pretende que se respete su autonomía frente a los efectos que el emprendimiento pueda generar en su territorio.

La falta de respuestas derivó en una presentación judicial que terminó con un fallo favorable para La Rioja. Según explicó el funcionario, una jueza resolvió suspender por 30 días las actividades de explotación bajo el principio preventivo. "Me llama la atención que la empresa desoiga una manda judicial", advirtió, y mencionó la posibilidad de que esa conducta encuadre en el delito de desobediencia a la autoridad.

Azulay aclaró que el planteo no está vinculado a una discusión por regalías ni por límites provinciales. Sin embargo, sostuvo que, de confirmarse impactos negativos, deberán contemplarse medidas compensatorias, entre ellas la inclusión de mano de obra y proveedores locales.

En paralelo, reconoció que existe un debate abierto sobre los límites entre ambas provincias, aunque insistió en separar esa discusión del conflicto actual. "Hoy la discusión con la empresa Vicuña pasa por el impacto ambiental", remarcó. Mientras tanto, la compañía ya fue notificada y cuenta con un plazo de 30 días para presentar el estudio requerido.

Desde La Rioja insisten en que el diálogo institucional será clave para destrabar la tensión, aunque remarcan que esperan respuestas concretas sobre un proyecto que, por su magnitud, ya desató preocupación en ambas provincias.