Instituciones sanjuaninas advierten que la nueva ley de discapacidad "es un retroceso"

El proyecto de ley sobre discapacidad impulsado por el Gobierno nacional y ya ingresado al Senado generó preocupación en instituciones y prestadores de todo el país. La propuesta, orientada a revisar pensiones por invalidez y modificar el esquema de prestaciones, recibió cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que advierten sobre un eventual impacto en la cobertura.

En San Juan, la inquietud se profundizó. Gabriela Galdeano, referente de la Asociación para la Realización e Inclusión de las Personas con Discapacidad (ARID), expresó su rechazo en diálogo con Radio Mil20. "La verdad, para nosotros es de terror. Es una bomba en nuestras caras", afirmó al describir el escenario que atraviesan las instituciones.

La dirigente sostuvo que los problemas financieros se arrastran desde hace tiempo. "Ya venimos con problemas, con atrasos arancelarios y faltas de pago. Desde 2024 no hubo aumento de aranceles, recién fue el año pasado. Fue un año entero sin actualización", señaló. También mencionó deudas acumuladas en programas como Incluir Salud y PAMI, con demoras que, según dijo, se extienden desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Galdeano advirtió que la situación se volvió "insostenible" para las entidades que dependen de esos ingresos para sostener hogares, centros de día y apoyos a la integración escolar. "Somos 12 instituciones privadas en San Juan, muchas asociaciones que brindamos estos servicios porque la demanda es enorme, pero con estos atrasos se hace muy difícil seguir", explicó.

La referente señaló además que el anuncio llegó luego de una reunión con autoridades provinciales en la que habían pedido asistencia para atravesar la crisis. "Después de pedir ayuda, nos llega esta noticia de terror. Este proyecto es un retroceso total, estigmatiza la discapacidad y nos atrasa muchísimo", sostuvo.

Entre las principales preocupaciones, mencionó la posibilidad de suspender prestaciones y el efecto sobre las familias. "Nos lleva a un desgaste terrible, pensar cómo sostener a los profesionales, a las familias y a las personas con discapacidad", indicó. También cuestionó el eventual reempadronamiento de beneficiarios: "Hacer pasar otra vez a las familias por trámites de reempadronamiento, con el temor de que les quiten un beneficio que ni siquiera es alto, es muy grave".

Según explicó, las terapias y apoyos básicos ya enfrentan dificultades por la falta de pagos. "Las terapias muchas veces no se están brindando porque no llegan los pagos. Y lo único que queda es la pensión no contributiva, que ronda los 270 mil pesos, un monto que no alcanza para cubrir las necesidades", remarcó.

Galdeano también cuestionó el impacto que podría tener la iniciativa sobre la inserción laboral. "Si esto avanza, se les quitaría la posibilidad de trabajar sin perder la pensión. Y sabemos que esos trabajos suelen ser parciales, de pocos días, no representan ingresos altos", advirtió.

La dirigente describió además un cuadro de deterioro en distintas instituciones. "En algunos hogares ya no pueden proveer alimentos y están pidiendo a las familias que colaboren. No es solo ARID, también pasa en otras entidades como ASAL, APAIM o el Hogar Huarpes. Estamos viendo una desprotección total del Estado", afirmó.

En ese contexto, el sector convocó a una concentración para este miércoles a las 10 de la mañana en la sede de Incluir Salud en San Juan. La convocatoria incluirá a prestadores, transportistas y familias. "Ya es demasiado. Las terapias no se pueden cumplir, hay necesidades económicas urgentes que no se están atendiendo. Esto no es algo que se pueda suspender como si nada. Una terapia significa muchísimo para una persona con discapacidad", concluyó Galdeano.