¿Se vienen los peajes a San Juan?: el Gobierno nacional habilitó el cobro en rutas

El Gobierno nacional formalizó una medida que alcanza a San Juan y habilita a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. La decisión quedó establecida en el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma define un esquema de delegación "funcional, limitada, temporal y revocable", por lo que las provincias podrán avanzar con concesiones sin que ello implique perder el control federal sobre las rutas. El decreto fue firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Además de San Juan, la disposición alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. En ese marco, se abre la posibilidad de que en territorio sanjuanino se implementen peajes en rutas nacionales, una modalidad que hasta ahora no estaba extendida en la provincia.

El texto aclara que no habrá transferencia del dominio público ni de la jurisdicción nacional, que seguirá en manos del Estado. Las provincias, en cambio, podrán asumir tareas de administración, mantenimiento, reparación o ampliación de los tramos viales, siempre bajo condiciones fijadas por la autoridad nacional.

Para poner en marcha el esquema, cada distrito deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, en los que se definirán tramos, plazos, controles y auditorías. Esos acuerdos también requerirán la aprobación de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.

La normativa establece que los ingresos por peaje solo podrán destinarse a los tramos concesionados y no a otras obras o corredores. También dispone que los sectores delegados no podrán integrarse en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones. A su vez, las provincias tendrán un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios; si no lo hacen, la delegación quedará sin efecto.

En caso de que una concesión se extinga por cualquier motivo, el Estado nacional retomará la gestión del tramo. El decreto se apoya en la ley 17.520, el Decreto-Ley 505/58 y la ley 27.742, y fija además que las concesiones no podrán superar los 30 años de duración.