Uruguay reglamentó la ley que habilita la eutanasia
El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la norma aprobada en octubre de 2025. Con esta decisión, Uruguay quedó entre los pocos países del mundo que legalizan la eutanasia activa por vía legislativa.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que pone en marcha la normativa sobre eutanasia, denominada "muerte digna", aprobada en el Senado en octubre de 2025. Con esta definición, el país se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa.
Orsi señaló, según reportó el diario El País: "Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha". También afirmó: "La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas".
El mandatario agregó que hace seis meses se avanzó en garantizar los cuidados paliativos y sostuvo que acompañar, aliviar y cuidar forma parte esencial de cualquier decisión en este terreno. En ese marco, indicó que firmó la ley de eutanasia tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y personales, en la que conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades.
La ley de muerte digna fue aprobada en el Senado con respaldo del oficialismo y parte de la oposición. La redacción obtuvo los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, además de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y los senadores colorados Ope Pasquet y Heber Duque.
Tras la aprobación de la misma redacción que había recibido luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay pasó a ser el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, aunque lo hicieron mediante fallos de sus cortes constitucionales.
La norma habilita la eutanasia para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos insoportables con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Cada caso será evaluado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.
