La Justicia avaló un acuerdo por el caso Branka Motors y fijó un plan de pago en cinco cuotas
La UFI de Delitos Informáticos y Estafas consiguió la homologación de una reparación integral en la causa por presuntas estafas vinculadas a Branka Motors. El esquema contempla la devolución de 524 millones de pesos para 352 denunciantes, con una excepción y plazos ya establecidos.
En el expediente penal por presuntas estafas relacionadas con Branka Motors, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas obtuvo la homologación de un acuerdo de reparación integral a favor de las personas damnificadas. La propuesta, impulsada por la defensa, prevé la restitución del perjuicio económico estimado en 524 millones de pesos, correspondiente a 352 denunciantes.
La resolución establece un plan de pago en cinco cuotas, a cumplirse en un plazo de 120 días, con vencimientos entre el 25 de abril y el 25 de agosto. Los damnificados disponen de 7 días hábiles para presentar los CBU bancarios en la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, a fin de recibir los depósitos correspondientes.
La devolución integra los montos denunciados como perjuicio y queda garantizada mediante la afectación de bienes muebles e inmuebles, según lo informado en la causa. Además, se aclaró que la reparación se limita al ámbito penal, sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder.
Para sustentar la medida, el equipo fiscal realizó un análisis financiero y patrimonial que incluyó el relevamiento de información de múltiples entidades crediticias, con el objetivo de reconstruir los movimientos bancarios y establecer la trazabilidad de los fondos. En ese marco, se ordenó la realización de 12 allanamientos y otras medidas para individualizar y asegurar activos.
El Ministerio Público destacó la labor de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas y precisó que el equipo interviniente estuvo integrado por el Fiscal Subrogante Eduardo Gallastegui, el Fiscal de Caso Guillermo Heredia, los Ayudantes Fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, y las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo. La homologación fue dictada por la jueza Ana Carolina Parra.
