"No venimos a pedir que se proteja menos, sino que se proteja mejor": La defensa de San Juan a la reforma de la Ley de Glaciares

En una reciente reunión conjunta de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales, el Ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, defendió la necesidad de modificar la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares. Basando su discurso en la evidencia científica y el federalismo, el funcionario sostuvo que la provincia no busca desproteger el recurso hídrico, sino precisar el objeto de protección para que la norma sea verdaderamente aplicable.

El agua como eje central y la minería como motor
Perea inició su exposición subrayando que San Juan es una provincia que "vive de su agua" y que gestiona este recurso como la base de su vida y productividad. En ese sentido, destacó que la gestión actual ha destinado más de veintidós mil millones de pesos en infraestructura para comunidades mineras, de los cuales seis mil millones se enfocaron en obras hídricas como el Acueducto El Tambillo y la red de agua potable de Jáchal. Según el ministro, esto demuestra que la minería devuelve recursos al territorio en forma de agua para la gente.

El debate científico: glaciares vs. ambiente periglacial
Uno de los puntos clave de la defensa fue la distinción técnica entre los tipos de formaciones. Perea fue enfático al aclarar que la protección de los glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve no está en discusión, ya que su función hídrica es total.
El foco de la reforma se centra en el ambiente periglacial, específicamente en los glaciares de escombros. El ministro citó datos del geofísico Silvio Pastore para dimensionar el debate:
• En la cuenca del río San Juan existen 3.227 glaciares de escombros.
• Incluso en un escenario extremo de calentamiento global, si todos ellos entregaran su agua en 75 años, solo aportarían el 1,65% del caudal del río.
"No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima del caudal, que debe ser evaluada caso por caso con rigor científico", sentenció Perea.

Federalismo y capacidad técnica
El ministro también fundamentó su posición en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Rechazó los argumentos sobre una supuesta regresividad de la reforma, asegurando que se mantiene el principio precautorio: todo glaciar se considera protegido hasta que estudios científicos demuestren que carece de funciones hídricas.
San Juan presentó sus credenciales técnicas como respaldo, mencionando su propia Ley Provincial 1076-L y un sistema de evaluación ambiental de cinco filtros. Perea destacó que han logrado reducir los tiempos de evaluación de 180 a 30 días sin sacrificar el rigor científico, citando como ejemplo la evaluación del proyecto Josemaría en 50 días hábiles.

El fin de la ambigüedad
Para finalizar, el titular de la cartera minera argumentó que la ley actual, tras 15 años de vigencia, ha generado inseguridad jurídica por su ambigüedad y falta de reglamentación plena. La propuesta de San Juan es, en palabras del ministro, una ley que funcione, que se pueda aplicar y que proteja de verdad bajo tres pilares: ciencia, federalismo y responsabilidad.