Frade pidió revisar préstamos del Banco Nación a dirigentes de La Libertad Avanza

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). En su presentación, pidió que la Justicia determine si existieron irregularidades que puedan encuadrarse en figuras como tráfico de influencias y administración fraudulenta.

Según expuso Frade, los montos concedidos no se condicen con los ingresos ni con la capacidad de repago de los beneficiarios. En la denuncia citó normativa del Banco Central sobre la evaluación de la "capacidad de repago" y sostuvo que el otorgamiento de créditos a funcionarios públicos y legisladores podría implicar fallas en ese análisis.

La presentación se conoció en medio de la difusión, en la red social X, de datos sobre préstamos millonarios otorgados tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada. La información proviene del sitio "¿Cuánto deben?", desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que releva la evolución mensual de deudas informadas por figuras públicas a partir de la Central de Deudores del BCRA.

Entre los nombres señalados aparecen Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000; y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000. También figura Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital y a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito por $112.948.000.

La nómina incluye además a los diputados de LLAAlejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En paralelo, el Banco Nación difundió un comunicado en el que afirmó que el proceso de acceso a préstamos es "homogéneo, sin excepciones", aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos.

En respuesta, Mariano Campero calificó de "maliciosas" las acusaciones y sostuvo que no se trató de un "crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique". También afirmó que "el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo".