El abogado denunciante apunta a la Justicia: "Sin secuestro de celulares no habrá verdad"

El abogado Marcelo Arancibia, impulsor de la denuncia por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, lanzó duras críticas al avance de la investigación judicial en San Juan y alertó sobre la gravedad institucional, económica y sanitaria del caso, que ya es considerado uno de los mayores escándalos de obra pública en la provincia.
En diálogo con Zonda Diario, Arancibia sostuvo que la causa expone una situación alarmante: "La prensa de San Juan va mucho más rápido que la Justicia", afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de medidas probatorias clave por parte de los fiscales.

Una obra millonaria bajo sospecha
El proyecto del Acueducto Gran Tulum fue concebido como una solución estructural para abastecer de agua potable a cerca de un millón de sanjuaninos. Sin embargo, hoy se encuentra paralizado, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares y múltiples sospechas sobre su ejecución.
Según explicó Arancibia, ya existían indicios técnicos de irregularidades cuando se detectó que las cañerías no eran aptas para soportar la presión del sistema. "La obra se frena cuando se advierte que los caños no servían. Ahí empieza a quedar en evidencia que se gastaron 100 millones de dólares prácticamente sin sentido", remarcó.
No obstante, el dato que encendió aún más las alarmas surgió de una investigación periodística: las tuberías adquiridas no serían para agua potable, sino para sistemas cloacales o de drenaje.

Riesgo sanitario y gravedad institucional
Para el denunciante, este punto agrava significativamente el caso: "No estamos hablando solo de corrupción. Estamos hablando de la posibilidad de haber puesto en riesgo la salud de toda la población", advirtió.
En ese sentido, planteó un escenario hipotético que dimensiona el problema: si la obra se hubiese concretado con esos materiales, los sanjuaninos podrían haber consumido agua contaminada. "Es un nivel de deshumanización enorme. No les importaba el daño que podían causar", sostuvo.
Arancibia comparó la situación con antecedentes de corrupción estructural en el país: "Esto me hace acordar a la tragedia de Once. Allí hubo advertencias que no se escucharon y terminó en una catástrofe. Acá, si no se detectaba a tiempo, podría haber pasado algo gravísimo".

Críticas a la Justicia: "No están investigando con la velocidad necesaria"
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la crítica al accionar judicial. Según el abogado, la investigación aún no ha sido formalizada plenamente ni se han tomado medidas básicas.
"Los fiscales tienen una actitud displicente. No se entiende por qué, a esta altura, no pidieron medidas como el secuestro de celulares, computadoras o documentación clave" a los que estaban en OSSE, el Ministerio de Infraestructura, la gobernación o a la empresa Krah, cuestionó.
Para graficar su preocupación, utilizó una metáfora: "Es como si San Juan estuviera viendo por primera vez una carrera de Fórmula 1, pero el piloto va a 60 km/h cuando debería ir a 250. Así no se va a alcanzar nunca la verdad".
Además, advirtió sobre el riesgo de pérdida de pruebas: "Con el paso del tiempo, esos celulares pueden desaparecer. Pueden estar en el fondo de un dique o destruidos".

Posibles delitos y nuevas líneas de investigación
Arancibia señaló que, además de los posibles delitos penales como malversación de fondos o tráfico de influencias, podría configurarse una estafa comercial.
"Es como ir a comprar un producto y que te entreguen otro completamente distinto. Acá se pagó por caños para agua potable y se habrían entregado caños para cloacas. Eso es una defraudación clara", explicó.
En esa línea, consideró imprescindible que el Estado avance también en el plano civil para recuperar el dinero: "Son 100 millones de dólares que hay que reclamar con intereses. No es solo una cuestión penal".
También alertó sobre los plazos legales: "Han pasado casi 10 años. Ojo con la prescripción de las acciones civiles. Si no se actúa rápido, la provincia puede perder la posibilidad de recuperar esos fondos".

El entramado de la obra y la confusión sobre responsabilidades
El abogado también buscó aclarar el esquema de responsabilidades, ante lo que calificó como confusiones dentro del propio Ministerio Público.
"Hay que distinguir: una cosa es la empresa que vendió los caños y otra la UTE que ejecutó la obra civil. No es lo mismo. Cada actor tiene su responsabilidad", explicó.
Además, recordó que la obra fue financiada con fondos nacionales, provinciales y créditos internacionales, lo que agrava el impacto económico: "Es deuda que la provincia ya está pagando y va a seguir pagando durante años".

Impacto económico y riesgo productivo
Más allá del escándalo judicial, Arancibia advirtió sobre las consecuencias estructurales para San Juan. Señaló que la falta de inversión en infraestructura hídrica y de riego podría derivar en una crisis productiva.
"San Juan puede colapsar agrariamente. Hay poca agua, no hay sistemas de riego en condiciones y eso afecta directamente al empleo y a toda la economía agroindustrial", afirmó.
En ese contexto, vinculó el caso del acueducto con un problema más amplio de gestión de recursos: "Se están pagando deudas millonarias mientras no se invierte en lo esencial".

El pedido concreto: acelerar la investigación
Finalmente, el abogado reiteró su reclamo principal, que según él lo pidió el 19 de enero pasado en una ampliación de la denuncia: que la Justicia avance de manera urgente.
"Lo que estoy pidiendo es simple: que se formalice la denuncia y se autoricen medidas probatorias. Hay que secuestrar documentación, analizar cuentas bancarias, tomar declaraciones y peritar todo", sostuvo.
Y concluyó con una advertencia: "Si no se actúa ahora, se puede perder información clave. Y con eso, también la posibilidad de saber la verdad".