Acusada en la megacausa de lotes denuncia amenazas al intentar rendir examen en la UNSJ
Denise Robles Bonade, imputada en una causa con más de 200 víctimas por venta irregular de terrenos, denunció que un grupo de damnificados bloqueó su vehículo e impidió que salga a rendir a la universidad, pese a contar con autorización judicial.
El conflicto judicial por la venta fraudulenta de terrenos sumó un nuevo capítulo con la denuncia de Denise Robles Bonade, una de las principales imputadas en la causa. Según su relato, fue intimidada por un grupo de damnificados frente a su domicilio, quienes evitaron que saliera a rendir un examen en la Universidad Nacional de San Juan.
Robles Bonade, que cumple prisión domiciliaria, afirmó tener autorizaciones judiciales para ausentarse, en particular para presentarse a mesas de examen de la carrera de abogacía. Cuando intentaba subir a su auto, un grupo de personas bloqueó su paso con vehículos estacionados delante y detrás, impidiéndole movilizarse, y le dirigieron insultos y amenazas vinculadas al presunto fraude en la venta de lotes.
La denuncia fue presentada en la Comisaría 2ª de Concepción por su padre, Dante Robles, y será remitida a la Fiscalía para evaluar el inicio de una investigación.
Este suceso ocurre en un contexto de creciente malestar entre las víctimas —más de 200 compradores— que denuncian haber pagado lotes o propiedades nunca entregados. El enojo se agravó tras conocerse que Robles Bonade obtuvo al menos siete permisos judiciales para salir de su domicilio, tanto para consultas médicas como para rendir exámenes universitarios, sin custodia policial pese a pedidos de los abogados querellantes.
La investigación judicial incluye a Denise Robles Bonade y su expareja, Rubén Martín González, imputados por delitos de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos. Ambos estuvieron detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial y luego obtuvieron prisión domiciliaria.
Actualmente, González está acusado de 157 hechos de estafa y Robles Bonade de 141 imputaciones. La causa sigue abierta, ya que existen entre 40 y 50 denuncias adicionales que se incorporarán próximamente, elevando el total cercano a las 200 presentaciones. Mientras tanto, los damnificados planean continuar con protestas y movilizaciones para exigir avances judiciales y evitar que los imputados accedan a nuevos beneficios.
