Megaestafa de Branka Motors: acusados ofrecen pagar $500 millones para evitar juicio
Los hermanos Marcó y su socio Banega propusieron devolver $500 millones a las víctimas en cinco cuotas. Si la Justicia aprueba el acuerdo, podrían ser sobreseídos y recuperar la libertad.
La investigación por la presunta megaestafa vinculada a la empresa Branka Motors podría tomar un giro inesperado. Los hermanos Matías Marcó y Agustín Marcó, junto a Facundo Banega, presentaron una propuesta para devolver $500 millones a las víctimas que denunciaron haber sido engañadas. Esta suma, según los imputados, compensa el dinero entregado por cientos de personas a través de planes de pago por motocicletas.
El caso está siendo investigado como una posible estafa con características de esquema piramidal.
La estrategia judicial busca aplicar la figura de reparación integral del daño, que permite cerrar el proceso penal si las víctimas aceptan la compensación y el acuerdo es homologado por la Justicia. Actualmente, los tres están detenidos por orden de la jueza Carolina Parra. Si se aprueba el convenio y se cumplen los pagos, podrían ser sobreseídos.
El plan contempla cinco pagos de aproximadamente $100 millones cada uno, distribuidos proporcionalmente según lo entregado por cada denunciante. Los desembolsos se realizarían en un plazo que va desde los 15 a los 120 días posteriores a la homologación judicial.
Como garantía, los imputados ofrecieron propiedades de familiares: inmuebles de los padres de los hermanos Marcó y bienes de los abuelos de Banega, que permanecerán vinculados al proceso hasta la cancelación completa de la deuda.
En las últimas horas se realizaron reuniones con más de 340 denuncias para informar sobre la propuesta. Participaron abogados querellantes como Alejandra Iragorre, María Filomena Noriega y Fabiana Salinas. Aunque no todos aceptaron, la mayoría mostró conformidad, lo que facilitaría avanzar con el acuerdo.
La jueza Parra deberá definir pronto si homologa el convenio. Si lo hace, los acusados quedarían en libertad, condicionados a cumplir los pagos. De no hacerlo, regresarían al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. Las víctimas que rechacen el acuerdo podrán continuar reclamando mediante la vía civil.
La fiscalía, a cargo de Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, considera que el esquema no fue un fracaso sino un sistema planeado para captar dinero mediante engaños. La estafa implicaría un perjuicio de $509 millones que afecta a 348 personas. El método consistía en ofrecer motos a precios atractivos, financiando los beneficios a los primeros clientes con el dinero de los siguientes. Además, se detectó que las motos se compraban a proveedores a un valor superior al ofrecido al público, evidenciando la insostenibilidad del negocio.
Los imputados enfrentan cargos por defraudación por engaño en 348 hechos, mientras la Justicia analiza si el acuerdo de reparación económica puede cerrar el caso penal.
