Promulgan el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
El Gobierno promulgó la Ley 27801 que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema de penas orientado a la educación y resocialización del adolescente infractor, garantizando derechos tanto para los jóvenes como para las víctimas.
Tras ser aprobado en el Senado, el Gobierno dio luz verde a la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la edad de imputabilidad en 14 años, bajando dos años respecto de la legislación anterior. La normativa fue oficializada mediante el decreto 138/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
Con una votación de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado respaldó esta reforma que busca equilibrar el endurecimiento del sistema penal juvenil con un enfoque orientado a la educación y resocialización de los adolescentes infractores. El régimen de penas deberá tener como objetivo principal la integración social y laboral, fomentando la comprensión y el arrepentimiento por la conducta punible.
El texto legal establece que la privación de la libertad será el último recurso y por el menor tiempo posible. Quedan prohibidas las penas perpetuas o indefinidas, así como los antecedentes penales permanentes. Además, la restricción de libertad deberá estar siempre motivada en un auto debidamente fundamentado y basarse en riesgos procesales comprobados.
En cuanto a las instalaciones, se dispone que los adolescentes detenidos sean alojados en espacios especialmente acondicionados, bajo la supervisión de personal calificado, y nunca junto a personas mayores de edad. Se exigirá una tramitación rápida de los procesos, especialmente en casos con prisión preventiva, responsabilizando a los magistrados por dilaciones injustificadas.
Para menores inimputables, la ley prevé la intervención judicial bajo la justicia civil con medidas curativas o protectoras. Además, incorpora la especialización obligatoria para jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
La legislación también reconoce expresamente los derechos de las víctimas, garantizando su tutela durante todo el proceso, acceso a información, participación activa y mecanismos de reparación. Los responsables legales de los adolescentes podrán ser exigidos a responder civilmente por daños, y se promueven instancias de conciliación o mediación voluntarias y restaurativas respetando los derechos de las personas perjudicadas.
