La reforma laboral comienza a regir en todo el país, transformando vacaciones, salarios e indemnizaciones

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Modernización Laboral, que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y emisión del Decreto 137/2026. Esta norma, registrada como Ley Nº 27.802, fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La reforma abarca 25 capítulos y establece cambios en el cálculo de las indemnizaciones por despido, limitando ciertos conceptos a considerar y fijando un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio según cada convenio colectivo. Se establecen también mínimos salariales para evitar reducciones superiores al 33% y nuevas modalidades para el pago en cuotas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, la ley crea Fondos de Asistencia Laboral (FAL) financiados mediante aportes patronales, con supervisión de la Comisión Nacional de Valores, para asegurar el pago de indemnizaciones. Se incorpora además la figura del salario dinámico, que puede vincular la remuneración al rendimiento y exige el pago de salarios exclusivamente por sistema bancario.

Respecto a las vacaciones y la jornada laboral, se mantiene el período establecido para el otorgamiento anual y se permite el fraccionamiento con tramos mínimos de siete días. También se habilitan esquemas flexibles, como bancos de horas y acuerdos para jornadas de hasta 12 horas diarias, garantizando 12 horas de descanso entre turnos. Se facilita la contratación a tiempo parcial en función de acuerdos sectoriales.

La reforma introduce modificaciones en la negociación colectiva, priorizando acuerdos a nivel empresa o regional sobre convenios de rama y limitando la "ultraactividad" de los mismos. La cuota solidaria sindical continúa con un tope del 2% del salario mensual. En cuanto al derecho de huelga, se establecen mínimos de personal para sectores esenciales y de importancia trascendental, y la necesidad de autorización para asambleas que afecten operaciones empresariales.

La ley también promueve la formalización laboral mediante programas que condonan deudas y reducen contribuciones para empleadores que registren trabajadores no declarados. Se incluyen incentivos para inversiones productivas medianas, con beneficios fiscales y mecanismos de amortización acelerada, vigentes por dos años y excluyendo automóviles.

Finalmente, se regulan aspectos del ámbito judicial laboral, otorgando fuerza de sentencia firme a acuerdos homologados y limitando honorarios profesionales. Se prevé el traslado progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo a jurisdicciones competentes.

Con la puesta en marcha de la Ley Nº 27.802, el sistema laboral argentino experimenta una reforma integral que modifica derechos, obligaciones y procedimientos, buscando mayor flexibilidad, formalización y dinamismo en el mercado de trabajo.