Uñac y Giménez votan en contra de la reforma que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Los senadores nacionales por San Juan, Sergio Uñac y Celeste Giménez Navarro, se posicionaron en contra de la reforma del Régimen Penal Juvenil que estableció la disminución de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A pesar de su rechazo, la iniciativa fue aprobada por el Senado de la Nación con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

La ley, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó así definitivamente sancionada y espera su reglamentación y publicación oficial para entrar en vigencia. El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes diferencias políticas y posturas contrapuestas.

Desde el oficialismo, la reforma fue defendida como una respuesta necesaria ante delitos cometidos por menores y una forma de fortalecer los derechos de las víctimas. La iniciativa fue impulsada durante la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien afirmó que el Estado debe brindar respuestas claras en esta materia.

Por el contrario, el interbloque peronista, que incluye a los senadores sanjuaninos, votó mayoritariamente en contra, cuestionando el enfoque punitivo de la reforma y alertando sobre las dificultades presupuestarias que podría generar su implementación en las provincias. Se criticó que los 23.700 millones de pesos asignados para adecuar infraestructura y crear dispositivos especializados resultan insuficientes.

Además, se plantearon posibles conflictos constitucionales y el riesgo de una mayor judicialización de adolescentes en situación de vulnerabilidad social. La nueva ley crea un sistema penal juvenil específico para jóvenes entre 14 y 18 años, con órganos especializados y garantías reforzadas, estableciendo que la privación de libertad será excepcional y evitando que menores compartan espacios carcelarios con adultos.

La normativa contempla también medidas socioeducativas, tareas comunitarias y mecanismos de reparación del daño. Mientras el Gobierno nacional celebró esta reforma como central en su política de seguridad, el rechazo de los representantes sanjuaninos refleja la continuidad del debate político y judicial sobre este tema.