Vialidad: vence el plazo para que los condenados depositen $648.000 millones por reparación

El próximo miércoles 13 de agosto representa un hito crucial en el desarrollo de la causa Vialidad, ya que se vence el plazo estipulado por el Tribunal Oral Federal 2 para que los condenados efectúen el depósito de 684.000 millones de pesos en concepto de reparación por los delitos cometidos en el marco de un esquema de desvío de fondos relacionados con la obra pública en Santa Cruz.

Hasta la fecha, la cuenta judicial habilitada en el Banco Nación para la recaudación de este monto no ha registrado movimientos, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento de esta obligación por parte de los condenados. En caso de que no se produzcan cambios antes del miércoles, el tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se verá obligado a iniciar la ejecución de los bienes embargados al inicio de la causa para cubrir la suma estipulada.

Los magistrados han subrayado que esta acción se fundamenta en la clara determinación del daño causado al erario público, el cual se considera un resultado de un grave hecho de corrupción. La ejecución de los bienes embargados se llevará a cabo bajo apercibimiento expreso, lo que añade un nivel de urgencia a la situación.

Es importante señalar que el pago de la reparación se establece de manera solidaria, lo que implica que no se dividirá en partes iguales entre los condenados; en cambio, deberán acordar la distribución del monto a abonar.

En el caso específico de Cristina Kirchner, la situación se complica debido a que en 2016 cedió la totalidad de su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Actualmente, su único ingreso declarado es su jubilación, lo que plantea desafíos significativos para avanzar sobre sus bienes.

Además, Kirchner enfrenta otros procesos judiciales, incluyendo la causa Hotesur-Los Sauces, que está vinculada a la causa Vialidad. En este contexto, el TOF 5 ha mantenido embargos millonarios sobre sus bienes y los de su hijo, a pesar de los intentos de la defensa por revocar estas medidas.

El embargo en esta causa incluye 6 millones de dólares en efectivo, así como 50 propiedades que abarcan departamentos en Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate, además de terrenos y vehículos.

El tribunal tiene la facultad de solicitar la ejecución de bienes identificados por los fiscales, que abarcan cuatro cajas de ahorro (tres en pesos y una en dólares), una cuenta comitente, una caja de seguridad en el Banco Galicia, y diversas cuentas en la Caja de Valores en codominio con sus hijos o con Néstor Kirchner y Rudy Ulloa, así como otras cuentas en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.

Una alternativa, aunque más compleja, podría ser que la Justicia cuestione la herencia anticipada realizada por la expresidenta, intentando demostrar que esta acción tuvo como objetivo evadir posibles decomisos derivados de futuras condenas.

En un contexto paralelo, Cristina Kirchner ha iniciado un reclamo en la Justicia de la Seguridad Social para recuperar su jubilación de privilegio y la pensión vitalicia como viuda del expresidente Néstor Kirchner, tras la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender estas asignaciones debido a su condena en la causa Vialidad.

La defensa de la expresidenta sostiene que esta medida infringe sus derechos alimentarios y humanos, afectando su derecho a la subsistencia y, por ende, a la vida.

Si la Justicia opta por avanzar sobre la jubilación, únicamente podría embargar un porcentaje de ese ingreso, que resulta insignificante en comparación con la magnitud del monto que se busca cubrir como reparación.