¡Adiós a los gigantes! el Gobierno pone en venta cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas
El Gobierno nacional, con un decreto bajo el brazo, dio el empujón final para la privatización de cuatro de sus pilares energéticos: las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban en poder de ENARSA, salen a la venta en un remate público internacional sin precedentes.
La orden llegó en forma de decreto. Bajo el número 564/2025, la medida fue oficializada este viernes, apareciendo publicada en el siempre atento Boletín Oficial, dejando en claro que la decisión ya es un hecho consumado.
Hasta ahora, el control de estas gigantes de la generación eléctrica estaba en manos de ENARSA, la empresa energética estatal. Pero eso es historia. Ahora, se ha convocado a un concurso público que promete ser un verdadero "combate" de ofertas: será nacional e internacional, sin una base de precios establecida, buscando ser "competitivo y expeditivo". La cuenta regresiva ya empezó: todo el proceso deberá cerrarse en un plazo máximo de 60 días, lo que indica la urgencia del Ejecutivo por concretar estas ventas.
Y quien tendrá la batuta en esta orquesta de millones será el todopoderoso Ministerio de Economía. Esta cartera ha sido designada como la autoridad de aplicación, con plenos poderes para dictar cada una de las pautas que regirán el Concurso Público. Esto incluye desde el intrincado esquema de remuneración hasta todos los anexos que sean pertinentes para llevar a cabo la operación de manera impecable.
Pero antes de la venta definitiva, hay un capítulo intermedio. Las empresas que actualmente tienen en sus manos la operación de estos complejos hidroeléctricos – hablamos de Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, Aes Argentina Generación y Central Puerto – tienen una oferta sobre la mesa. Podrán seguir operando, pero bajo una condición: deben enviar una "Carta de Adhesión" en un plazo perentorio de solo cinco días. La pelota está en su cancha.
Si deciden adherirse a esta propuesta, su permanencia al frente de las centrales está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete el ansiado concurso de venta, lo que ocurra primero. Es un salvavidas temporal mientras se define el futuro de estas estratégicas infraestructuras.
Ahora, si alguna de estas empresas decide no firmar la adhesión, la cosa cambia. No podrán irse de un día para el otro. El Gobierno les impone la obligación de continuar generando energía eléctrica por un plazo mínimo de 90 días hábiles. Esto busca asegurar que no haya un vacío de poder ni una interrupción en el suministro mientras se reorganiza la situación.
Pero ojo, la adhesión no es gratis. Las concesionarias que decidan quedarse, aunque sea por este período transitorio, se comprometen a cumplir una serie de exigencias estrictas. Primero, deberán acatar a rajatabla los contratos de concesión vigentes. Segundo, y esto es clave, tendrán que mantener una garantía de cumplimiento del contrato que no podrá ser inferior a la friolera de 4.500.000 dólares estadounidenses. Y por si fuera poco, deberán digerir y aceptar los cambios que se introduzcan en el esquema remuneratorio, lo que podría implicar un ajuste en sus ganancias.
Pero la lista de condiciones no termina ahí. También se les exigirá que sigan abonando las regalías correspondientes a las provincias de Río Negro y del Neuquén, territorios clave en la ubicación de estas centrales. Además, deberán presentar inventarios detallados de todos los bienes y equipos, postergar cualquier intento de transferencia de ciertos activos específicos, y lo más importante para los futuros compradores: permitirán el acceso y las visitas a los perímetros de las concesiones a todos los interesados que participen en el Concurso Público. Transparencia total para quienes aspiren a quedarse con estos codiciados activos.
